Luego de que la secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) ratificara el lunes su postura de que la resolución 116, emitida por el Comité de Comercio Exterior ecuatoriano (Comex), restringe el comercio intrasubregional, Ecuador podría presentar una respuesta.      

El ministro de Industrias, Ramiro González, dijo que el tema está siendo analizado por los abogados del Comex y que todavía existe una instancia adicional, que es el Tribunal Andino de Justicia, para plantear la nulidad de dicha resolución. “Este es un país soberano”, dijo González durante la inauguración de la feria Expo Industrias 2014 en Guayaquil.

Según detalló la CAN en un comunicado, no existe posibilidad de una nueva solicitud de reconsideración por parte de Ecuador, pues se trata de una ratificación de la resolución 1695 emitida  en junio, y en la que se pedía que el país levantara las medidas restrictivas, ya que estas contravienen los principios del Acuerdo de Cartagena, del que Ecuador es suscriptor.

Uno de los aspectos que consideró el organismo regional en su comunicado de esta semana fue la flexibilización que otorgó el gobierno ecuatoriano a la entrada de  productos de origen europeo, lo que coincidió con las últimas negociaciones por un acuerdo con la Unión Europea (UE).

El documento oficial 14241, emitido el 3 de junio por el Ministerio de Industrias y Productividad (Mipro), permite que con una declaración juramentada de los importadores los bienes de esa procedencia sean nacionalizados, ya que se reconoce como equivalentes para Ecuador, la normativa y reglamentaciones técnicas de los países miembros de la comunidad.

Gabriela Uquillas, asesora aduanera de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), señaló que lo observado por la CAN es el principio de trato de la nación más favorecida, que es un principio de la Organización Mundial de Comercio.

Este señala que si un país le da una ventaja a un grupo distinto también se la debe reconocer para sus socios comerciales, y en tal sentido recordó que Ecuador es suscriptor del Acuerdo de Cartagena y que con estos países se ha seguido un camino comercial que busca llegar a una liberalización progresiva de restricciones.   

El documento, que establece un plazo de 20 días para la respuesta de Ecuador, dice que la “concesión a productos de la Unión Europea de un mejor trato que el conferido a productos originarios de la subregión andina constituiría un eventual incumplimiento de las obligaciones emanadas de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, en particular el artículo 139 del Acuerdo de Cartagena”.

A criterio de Uquillas, el gobierno debería acoger la premisa que ha señalado la Secretaría de la CAN y desmaterializar estos requerimientos para los bienes originarios de Colombia, Perú y Bolivia.  

El 3 de diciembre del año entró en vigencia la resolución que exige un certificado de reconocimiento para garantizar el cumplimiento de normas de calidad como requisito para la desaduanización de bienes.

La idea del gobierno es encaminarse hacia la sustitución selectiva de importaciones y el fomento de la industria.