De las  25 millones de hectáreas de tierras que tiene el país, solo  7,3 millones son utilizadas en la agricultura  (29,2% del total) y las tres cuartas partes de las familias en el país poseen en promedio 2 hectáreas, según un estudio del Consorcio de Capacitación para el Manejo de Recursos Naturales (Camaren).

De acuerdo a  la organización, en el país la concentración de tierras es elevada pese a los esfuerzos del Gobierno por disminuir esta brecha. El régimen tiene previsto reducir en un 22% el nivel de concentración de tierras hasta el año 2013.

Las organizaciones sociales  aspiran a través de la Ley de Tierras y Territorios mejorar el reparto de las mismas y sacar adelante al sector que -a su criterio- desde  la expedición de la Ley de Reforma Agraria en 1963, con la dictadura militar,  debilitaron la calidad de vida de los campesinos.

La Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro y otras organizaciones sociales temen ahora que el debate en la Asamblea Nacional de la Ley de Tierras se estanque por falta de voluntad política y porque se avecinan las elecciones 2013. La repartición equitativa de la tierra es la prioridad para trabajar a través de asociaciones y grupos.

Romelio Gualán, presidente de la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro, indicó que en la Comisión de Soberanía Alimentaria no pasa la discusión del artículo 8. El plazo para la redacción del informe para primer debate vencerá el 11 de julio.

Por eso el dirigente indígena se pregunta “¿qué interés hay detrás para mantener estancado este mandato popular?”. Es una preocupación que radica por el inicio de la campaña electoral 2013, acotó el dirigente indígena.

A los ciudadanos que habitan en el campo les interesa que en el país se cumpla   la anhelada Reforma Agraria, “para tener tierras donde cultivar y semillas para producir y abastecer la demanda del mercado nacional y en un futuro no muy lejano exportar”, anunció Gualán.

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Humberto Cholango, anunció que su organización es vigilante del debate de la Comisión Legislativa, pues   “nos preocupa que no se quiera hacer una ley democratizadora de acceso a la tierra, redistributiva y en su efecto se busque una ley reguladora, y normalizadora para dar paso a la aplicación de más tributos”.

El dirigente  recalcó que el objetivo central de esta ley es  redistribuir la tierra, porque está concentrada en pocas manos, y que     la agroindustria se ha beneficiado de un patrimonio que es del Estado.

Por lo que su propuesta va más allá, que es “nacionalizar la tierra”,  como  ocurrió con el petróleo, y acabar así con la corrupción enquistada que hay en el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap), que fue reconocida por el presidente Rafael Correa, en días anteriores, indicó el líder de la Conaie.

Para evitar  los problemas y las inequidades en la atención al pequeño campesino, Gualán señaló que una de las propuestas es   crear    el Ministerio de Soberanía Alimentaria, el Fondo Nacional de Tierras, ente que se encargue de  redistribuir las tierras, les aporte en la asistencia técnica, en la comercialización de sus productos y el Estado sea el principal comprador de la producción que se genere.

Pero la distribución de la tierra debe ser   distinta a la que ocurrió en la Reforma Agraria de los 70,   con el único fin de lograr un sector agrícola más competitivo y frenar la migración de los campesinos a las ciudades, acotó Antonio Gaibor, director del Camaren.

Según Cholango, las tierras que poseen los indígenas son las menos productivas porque están a más de tres mil metros de altura, ya que los terratenientes se quedaron con las mejores tierras y ahora han dado paso a pequeños minifundios, afectando así el buen uso de estas extensiones que sirven para la producción.

Al ocurrir estos problemas los indígenas que viven en el campo se han visto obligados a migrar a las ciudades, por lo que han   engrosado las filas de desempleo y subempleo, en la que se dedican a la venta de golosinas o a la albañilería.

Por lo cual es importante recuperar un espacio perdido, como es el campo a través de “un modelo productivo que no solo dé prioridad a la exportación”, indicó.

En referencia a la propuesta, Gualán dijo que esta repartición de   tierras no requiere   titularizaciones personales, sino de grupos y organizaciones que se comprometan a hacerla producir. Pero este compromiso de los campesinos debe tener el apoyo del Gobierno en lo referente a “la dotación de semillas y tecnología”.

Si se plantea el cambio de modelo de producción y  una adecuada reforma agraria, es porque sí hay tierras que repartir, según Gaibor.

Además, acotó que un reducido grupo    tiene cerca del 50% de tierras de  Ecuador. Basándose en esta estadística la nueva Reforma Agraria que se plantea hacer en el país “debe afectar a la gran unidad productiva que no pasa de dos mil personas”.

Tema que los representantes de las diferentes organizaciones indígenas advirtieron que aún falta por debatir y consensuar. En lo que concuerdan  es en hacer del campo un sector equitativo, mencionó Gualán.