Jaron Rowan, investigador español y agitador cultural, llegó al país para participar con un grupo de gestores y artistas ecuatorianos en un taller que reflexiona sobre la necesidad de construir políticas culturales desde la base, sin depender solo de subvenciones públicas.

¿Cómo ha ido cambiando la noción de cultura a la hora de hacer y ejecutar la política pública?

Lo que hemos encontrado en el Estado español es que las políticas culturales, al principio, se habían centrado en la noción de acceso a la cultura, en pensar en la cultura como un derecho para la ciudadanía, ya sea para expresarse o crear. Gran parte de las políticas públicas han construido espacios públicos para que ese derecho pueda llevarse a cabo, entonces hace museos, bibliotecas o auditorios. Luego, paulatinamente, desde finales del ochenta hasta 2000, se empieza a impulsar la cultura entendida como un recurso, como algo que genera beneficios económicos y desarrollo urbano, que atrae turismo y produce una identidad-marca. Así vemos cómo la idea de acceso se divide entre producción y creación. Creación como el derecho a hacer lo que tienes en la cabeza y producción en el sentido de convertirlo en un bien económico. Entre esas dos tensiones vemos cómo se fue dejando de lado la cultura entendida como un común.

¿Qué implica lo común?

Es algo que se practica todos los días y que, a veces, es creación y, en  otros casos, producción. Lo común puede ser algo que tiene una comunidad muy concreta y que le sirve para entenderse entre ellos. El mercado tiende a querer capturar lo que es común y convertirlo en privado, mientras que el Estado tiende a hacer de lo común algo público. Pero vemos que entre una cosa y la otra es necesario crear políticas que sepan distinguir y acompañar centros autogestionados, que no son públicos, ni privados, sino que son de una comunidad que se dedica a tener un espacio con exposiciones y proyectos propios.

¿De qué forma el mercado captura lo común y lo hace privado? 

La principal manera es través de la propiedad intelectual (PI), con lo cual le das un nombre y un autor a una idea. Las ideas en cultura normalmente se generan de forma colectiva, no hay manera de escribir un libro si no has leído muchos otros. La PI, sobre todo en la tradición europea, no la anglosajona, se divide entre derechos morales y de explotación. Y los morales dicen que si tú has hecho una obra tienes siempre el derecho a que se reconozca tu autoría, pero dentro de ese reconocimiento también tiene que haber flexibilidad para que no se privaticen las ideas, los colores, que es lo que estamos viviendo. 

Y en el caso del Estado, ¿cómo convierte en público lo común?

El Estado legitima. Es el que te dice quién merece estar en el museo, en la biblioteca o en el auditorio. Cuando el Estado legitima también invisibiliza a los otros. Cuando tienes un Estado con mucha cultura pública y sin otros espacios, produces artistas estatales, que son los que pasan por todas las galerías, los museos o festivales. Lo que hay que hacer son políticas públicas que entiendan que entre lo público, lo privado y lo común hay un gradiente de prácticas que deben  ser diferenciadas, pero todas tienen que existir de alguna forma.

¿Qué experiencias han sabido conjugar esos tres niveles?

El Estado español ha cambiado mucho a partir del 15 de mayo -que acá se lo conoce como 15M o el movimiento de los indignados- y que fue cuando la sociedad civil tuvo un descontento con la clase política que estaba deslegitimada como las instituciones que representaba. Eso permitió que, de alguna forma, se piense en otra institucionalidad. Entonces aparece un movimiento que es el del municipalismo, que son partidos políticos de base que tienen la intención de recuperar los ayuntamientos para la ciudadanía. Es en ese momento cuando se empiezan a plantear políticas públicas completamente diferentes. El ayuntamiento de Zaragoza, por ejemplo, creó un espacio cultural público, pero la gestión es comunitaria. El ayuntamiento no pierde la propiedad del edificio, pero es la comunidad de residentes que decide sus usos.

¿Hasta qué punto el Estado debe regular el ámbito de la cultura?

Es importante diferenciar o poner límites de hasta dónde deben llegar las acciones culturales públicas. Si no eres capaz de distinguir eso, acabas asumiendo competencias que no son tuyas y empeoras el panorama. En el teatro español vemos que gran teatro público financia obras que bien podrían ser del teatro privado. Eso provoca que al teatro privado le cueste mucho arrancar y tenga que hacer cosas muy comerciales.

El Estado se ha caracterizado por ser promotor de eventos, encuentros o festivales desde una lógica vertical, ¿en cuánto afecta este tipo de política a la cultura?

Hemos visto claramente que se ha producido una economía de  externalidades y que los beneficios no se recuperan en la propia cultura, sino en otros ámbitos. Cuando haces un gran festival en una ciudad, la única forma que tienes de recuperar la inversión es con la venta de entradas y, como mucho, la venta de alcohol y cosas dentro del mismo recinto.

Pero ese festival también implica que viene mucha gente a la ciudad, entonces hay viajes, turismo y reservas en hoteles que no benefician en la actividad cultural. La cultura es poco rentable para sí misma; pero, en cambio, sí beneficia a la especulación inmobiliaria o a las grandes infraestructuras. Ese es el problema. (O)