Hay una novedad en el país que genera opiniones a favor y en contra. Una nueva consulta popular ha anunciado el gobierno; mecanismo vinculante de democracia directa -complementaria de la democracia representativa-, que sirve para que el pueblo decida asuntos relevantes. La Constitución la regula en los artículos 103 a 107. Toda consulta popular tiene puntos a favor y en contra, y motivaciones que vale la pena tratar de conocer.
Lo positivo: el poder de turno requiere el pronunciamiento popular y se somete a su decisión, lo que suele retribuirle en términos de popularidad; también puede destrabar bloqueos políticos y aportar certidumbre al futuro inmediato. Críticas: la iniciativa no nace de la sociedad civil, costos y oportunidad del proceso, riesgo de que el populismo, ideologización y propaganda manipulen al soberano, complejidad de los temas consultados y desinformación.
Ante obstáculos institucionales por desencuentros permanentes de las fuerzas y actores políticos en la Asamblea Nacional y otros espacios, ante la urgencia de superar la crisis sistémica actual, la consulta puede funcionar como válvula de escape.
Se ha dicho que la voz del pueblo es la voz de Dios, pero también que nada es más vano e inconstante que la multitud; sin embargo, el mecanismo de la consulta se utiliza desde hace siglos. Actualmente, con alguna frecuencia y buenos resultados en Suiza y Estados Unidos. A lo largo de su historia en Ecuador se realizaron 12 consultas sobre diversos tópicos, una en el siglo XIX (1869), cinco en el XX (1978, 1986, 1994, 1995, 1997) y, seis en el XXI (2006, 2007, 2008, 2011, 2017 y 2018).
Si la consulta popular sirve efectivamente para solucionar los graves problemas y conflictos sociales, la democracia habrá ganado en legitimidad y profundización, pero esto dependerá de los asuntos que se consulten, de la actitud de los actores políticos, y del trabajo que desarrolle el organismo electoral para llevar adelante el proceso.
