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Ecuador/Vie.25/Jun/2021

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Fernando López Parra

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25 de marzo de 2021 00:00

Supongamos que usted se hace amigo de un extranjero que acaba de llegar a Ecuador para pasar las vacaciones. Imagine que, un día, él le pregunta a usted si en nuestro país se vive en democracia. ¿Qué respondería? En principio, es muy probable que su respuesta sea afirmativa y, de hecho, si es así, será correcta. Desde hace unos cuarenta años, Ecuador ha sido una democracia, y esta condición la consiguió nuestra propia sociedad, que soportó distintos Gobiernos dictatoriales por varias ocasiones. 

Pero, ¿qué significa decir que Ecuador es una democracia? Bueno, en un principio, se podría decir que nuestro país es una democracia porque elegimos a nuestros gobernantes; porque los derechos de los ciudadanos ecuatorianos están establecidos por leyes, que también los garantizan; porque (al menos en teoría) todos somos iguales ante las leyes; porque hay libertad de prensa, religión, movilidad, etc. Por otro lado, alguien podría cuestionar el carácter democrático de nuestro país, teniendo en cuenta nuestros altos índices de pobreza y miseria, es decir, el hecho de que estamos en un país cuya distribución de ingresos está entre los más críticos. Además, sabemos que hay una diferencia muy grande en el trato que el Estado capitalista en general le dedica a los ricos y a los pobres. 

El aspecto formal de la democracia constituye el conjunto de instituciones que caracterizan a este régimen político. Entre ellos, destacamos las elecciones libres, el voto secreto y universal, la autonomía de los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), la existencia de más de un partido político y la libertad de pensamiento, expresión y asociación. En otras palabras, nos referimos a las reglas del “juego” democrático, al establecimiento de los medios por los que se pone en práctica la democracia. En el ejercicio democrático se resalta el proceso de elecciones, en el cual la institución o el poder electoral adquiere una relevancia decisiva en la construcción de la democracia. 

En el caso de nuestro país, el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe disponer de forma incólume la garantía del proceso eleccionario. Lo que hemos observado en nuestra vida democrática, de forma lamentable, es la reducida legitimidad de este organismo clave en la vida del Estado ecuatoriano. Es el momento en que el CNE se coloca en juego su legitimidad ante la sociedad y tiene la obligación de darnos confianza de sus actos. Estamos hoy más que nunca atentos a que las próximas elecciones sean un ejemplo de un accionar transparente, técnico, participativo y democrático. No debe quedar duda de la voluntad de los ecuatorianos en el ejercicio del voto. También es importante que las organizaciones (ocasionales o permanentes) que representan intereses de sectores de la comunidad participen tanto en la
veeduría para un mejor cumplimiento de la voluntad general, así como en el acompañamiento del proceso, además de colaborar con la transparencia de las acciones en las distintas instancias del poder electoral. Al final, no solo está en juego el triunfo de un candidato sino la búsqueda de un mejor país. Por los anotado, nosotros no podemos equivocarnos el próximo 11 de abril. (O)

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