Un breve repaso de las condiciones estructurales que conforman política, económica y socialmente a Honduras hace necesaria una reflexión sobre la migración en ese país. La sociedad hondureña es la más desigual de América Latina, con el 65,7% de la población empobrecida, una fuerte presencia de empresas maquiladoras y con una cada vez más relevante presencia de actividades extractivas.
Para estas personas la migración no es una elección. De acuerdo con una encuesta realizada a jóvenes hondureños realizada por la Universidad de Costa Rica (IIS-UCR), el 60% considera migrar. “Ser joven es un delito”, mencionaron en el estudio de la UCR, hecho que explica que el flujo migratorio esté conformado cada vez más por jóvenes, menores de edad y mujeres. La migración, por tanto, es responsabilidad directa de las políticas neoliberales radicalizadas en 2009 y continuadas en el gobierno ilegítimo de Juan Orlando Hernández.
La violencia es una de las principales características del “modo de vida hondureño”, condición que se extiende al resto del Triángulo Norte. Es una dinámica social estructural que encuentra parte de sus orígenes en la guerra centroamericana, en las doctrinas de seguridad nacional, los procesos de paz, los programas de ajuste estructural y, también, la masiva deportación de migrantes en Estados Unidos (detonante clave para la configuración del fenómeno de las maras en el Triángulo Norte). Así, la cotidianidad de la región se enmarcó en la acumulación por el despojo, la violencia criminal y de las fuerzas represivas de los estados.
El asesinato de la activista Berta Cáceres -ejemplo del peligro que enfrentan las organizaciones populares- y el proceso judicial consecuente, caracterizado por los obstáculos del Ministerio Público, dan cuenta del modo en que están configuradas las fuerzas políticas en el país centroamericano con una democracia restringida. (O)
