Todos los días, en este bendito país, siete niñas se convierten en madres; todos estos embarazos son producto de delitos, de violaciones ¿Quiénes las violan? Sus padres, abuelos, tíos, hermanos, primos y demás familiares y allegados. El embarazo ocurre luego de una sistemática y prolongada violencia contra ellas que ni sus propias madres son capaces de reconocer. Los entornos donde esto ocurre son poblaciones empobrecidas, sin acceso a trabajo, salud, educación y un mínimo de vida que merezca la pena vivirse.
Las niñas ecuatorianas que sufren violencia sexual viven un doble infierno en este país, la de sus violadores y la del Estado; la mayoría de países en América Latina han despenalizado el aborto por violación, hace un siglo o décadas. Acá estamos aun bregando para que lo más elemental, el aborto por violación sea despenalizado y se puedan dar servicios de salud para que estas niñas puedan practicarse un aborto seguro y gratuito ¿acaso eso no es lo mínimo que merecen?
Sin embargo, para el expresidente Correa, para el actual presidente Lasso y, sumados a ellos, la señora Alcívar, esposa de Lasso, no es así. Ellos cada vez parecen tener más coincidencias que discrepancias, antes se unieron en la ley que fijó impuestos que afectan a la clase media y mantiene los privilegios de los de más arriba. En esta nueva coyuntura, Correa hizo un llamado urgente a una “coalición nacional por la vida”. Ante lo cual rápidamente reaccionó la señora Alcívar publicando en sus redes sociales varios lugares comunes de los conservadores del Opus Dei, incluida una insólita llamada a proteger los derechos del padre de la criatura, esto es del violador. Finalmente, el último de la alianza, el presidente en funciones se acaba de sumar en las últimas horas a través de amenazadoras declaraciones ofreciendo un veto total a un proyecto de ley que aún no es aprobado por la Asamblea.
Estas personas que ostentan un enorme poder de influencia y decisión están en contra del aborto, aún de niñas violadas, para ellos lo mejor sería que las niñas se conviertan en madres de hijos que pueden ser a la vez sus hermanos y parientes, y que estas mujeres tengan que ser madres, revictimizándolas así durante toda su vida. Parece monstruoso y sin compasión, pero lamentablemente esos son los “líderes” que tenemos ahora.
Afortunadamente la Corte Constitucional ya dio un dictamen que despenaliza el aborto por violación, pues por más que la Constitución diga que se respetará la vida desde la concepción, los derechos de esas niñas que ya son personas no pueden soslayarse. La Asamblea tiene la obligación de dictar una ley para que estas niñas, mujeres, y personas con posibilidad de gestar, que han sido violadas, puedan decidir libremente si desean tener ese hijo producto de un delito o, sin plazos, tal como ocurre ahora con las mujeres con discapacidad, puedan recibir asistencia médica que garantice su decisión de no tenerlo y así puedan retomar su proyecto de vida.
