La meritocracia establece una forma de gobierno y de organización institucional basada en méritos y en un sistema de oposición público. En este sentido, el espíritu de los concursos de méritos busca medir de la manera más igualitaria las capacidades, escogiendo así a las personas que obtengan los resultados más altos. Por su parte, existen varias críticas a este sistema por reproducir modelos de desigualdad social, partiendo del postulado de que no todas las personas cuentan con las mismas oportunidades.
En Ecuador, desde el gobierno del Econ. Rafael Correa se instauró un sistema de “meritocracia” en las instituciones públicas que pretendía que el Estado funcione de manera eficiente y que sus funcionarios lleguen a los puestos públicos por sus méritos. En varios concursos fue así, pero en otros se conoce que hubo serias irregularidades, cuando no una abierta corrupción, para colocar a determinadas autoridades a la cabeza de instituciones claves del Estado. Tal es el caso del excontralor Carlos Pólit y de la exvicepresidenta de la Corte Constitucional, Pamela Martínez, quienes obtuvieron un puntaje perfecto de 100/100 en los concursos para ocupar sus respectivos cargos. Posteriormente, ambos fueron implicados en casos de corrupción. Ambos funcionarios fueron muy cuestionados en su momento no solo por su cercanía al entonces primer mandatario; sino también, por la calificación perfecta que, según expertas y expertos, era muy difícil de obtener.
Es indignante saber que una persona que no cumple con los suficientes méritos obtenga la mejor calificación; pero, ¿qué hay de aquellas personas que obtienen las más altas calificaciones en un concurso, cuentan con vasta experiencia, conocimientos, y a pesar de esto se les priva de ocupar el cargo que les corresponde, desvirtuando de esta manera el sistema de estructuración institucional basado en méritos? En la región hay varios ejemplos, el más reciente es el caso de Alejandra Lázzaro, la candidata que ganó el concurso para completar la Cámara Nacional Electoral en Argentina y quien no solo obtuvo la calificación más alta otorgada por el Consejo de la Magistratura; sino que, además de cumplir todos los requisitos, tiene una amplia trayectoria académica, técnica y profesional de más de 30 años. Lázzaro, por sus méritos, habría sido la primera mujer en ocupar este cargo. A pesar de esto, el presidente Alberto Fernández nominó al segundo del concurso, un hombre. ¿Acaso el concurso se convirtió en un tema de desigualdad de género donde una mujer no puede ocupar este cargo a pesar de haber ganado por sus méritos?
Es imperativo que el presidente Fernández revise este caso pues podría sentar un precedente negativo no solo para Argentina, sino para la región en su conjunto. (O)
