El proceso vertical e inconsulto de transformación de la Universidad ecuatoriana ha generado resistencia de sus diferentes actores. Hasta ahora estas reacciones se habían presentado de forma aislada, circunscrita en algunas instituciones y sin mayor eco. Hoy está circulando un manifiesto suscrito por cientos de docentes universitarios y académicos, procedentes de más de veinte universidades, que cuestiona con lúcidos argumentos el proceso de evaluación y acreditación universitaria implementada por el CEAACES.
El planteamiento central del manifiesto es el cuestionamiento a la visión de universidad que subyace el modelo de evaluación y acreditación, impuesto por una visión jerárquica, neocolonialista, irrespetuosa de la autonomía y que tiene en poca estima a la comunidad académica ecuatoriana. La argumentación que recoge el documento no tiene desperdicio. Uno a uno los argumentos son examinados con precisión: una evaluación que no toma en cuenta la opinión de la propia comunidad universitaria; la creación de un ranking que categoriza a las universidades en orden jerárquico y siguiendo moldes comerciales y que termina por fomentar las desigualdades socieconómicas y culturales; la calidad, en la cual todos estamos de acuerdo, es tomada como una entelequia sobre la cual no cabe definición ni debate; el desatino de colocar parámetros de publicación que privilegian un par de empresas transnacionales de la distribución de publicaciones académicas y no su impacto en la comunidad académica y la sociedad; un sistema de valoración que termina favoreciendo a las universidades privadas más caras con menoscabo de la universidad pública; la sobrevaloración de los títulos en desmedro de la pertinencia docente; el equívoco de un enfoque tecnicista sesgado por la eficiencia administrativa, antes que la priorización de los problemas que la universidad puede ayudar a resolver a través de la vinculación con la sociedad.
Las y los autores de este texto, pertenecientes al Grupo de Trabajo sobre Universidad y Sociedad, manifiestan:
“Los principales criterios de calidad a nuestro juicio deberían relacionarse con la pertinencia para la sociedad, con la participación, el cogobierno y la administración democrática de las instituciones de educación superior, y con democratización de los saberes y la construcción de capacidades sociales para la convivencia cívica entre personas críticas”.
La Universidad rompió el silencio y lo hizo no desde sus autoridades con perfiles acomodaticios, varios de ellos o plagados de temores sobre la negociación de recursos para sus casas de estudio; tampoco lo hizo desde sus gremios cooptados o con poca capacidad crítica. Lo hizo desde su espacio más lúcido, su comunidad académica. Ahora la universidad demanda una respuesta y un cambio de este modelo disciplinario y tecnicista que ha sido impugnado.
