Pocas cosas son tan antipáticas como el bendito certificado de votación. Ícono de la cultura del papeleo e inquilino permanente de la billetera es, hoy por hoy, absurdamente indispensable en la tortuosa avenida del trámite público y privado. El sistema quiere que te acerques a votar y este papel es su dedo en el gatillo para persuadirte.
Pero en el caso de la vacunación, ese mismo sistema no cuenta con una palanca lo suficientemente contundente como para forzar a que todos se arremanguen y pongan el brazo. La Constitución determina que el voto es obligatorio para los mayores de 18 años, sin discusión y casi sin tregua, pero la lucha contra el Covid-19 se libra con cierta orfandad legal. Una cosa es clara: la tan anhelada inmunidad de rebaño solo se producirá si al menos 7 de cada 10 personas están vacunadas.
Mientras tanto, las leyendas tenebrosas sobre la inmunización se multiplican a toda velocidad en redes sociales. Los devotos de la hidroxicloroquina y la ivermectina les prenden velitas todos los días y el negacionismo miguelboseniano gana espacio entre los consumidores de noticias falsas. Metidos en medio del culto tropiezan con orgullo periodistas y líderes de opinión hipnotizados por las teorías conspirativas, como el famoso chip de Bill Gates. A le gente le encantan los atajos, por más oscuros y sinuosos que sean.
Y no solo que buscamos tesoros que nadie encuentra en esta niebla de los Llanganates, sino que además asistimos a diario a una estigmatización farandulera y aniñada sobre los laboratorios: Pfizer sí pero el resto quizás no. Es que el prejuicio siempre es selectivo.
¿Qué se puede hacer entonces para convencer al ecuatoriano desconfiado a que ingrese al carril trazado por los expertos en salud? Parte de la respuesta puede estar en los incentivos y, la otra parte está en la disuasión. El primer adelanto ya lo tenemos en el turismo: las empresas de crucero en Estados Unidos solo permiten a bordo a pasajeros (mayores de 16 años) con dosis completa. Las aerolíneas aceptan por lo pronto una prueba negativa, pero a medida que el mundo se vacuna lo lógico es que el certificado se convierta en un documento tan indispensable como el pasaporte. Por cierto, grandes nombres en la industria como Delta y United ahora solo contratan a quienes demuestran estar inmunizados.
Algunas empresas están siguiendo el ejemplo del banco de inversión Goldman Sachs que ha pedido a sus empleados que revelen si han sido inoculados o no, porque a las oficinas de Wall Street solo podrán volver los que se inyectaron. En la ciudad de Houston unos 150 empleados hospitalarios fueron despedidos o renunciaron porque prefirieron no ser parte del plan de inoculación.
Y a veces no son las empresas sino los espacios que nos reciben. Cientos de edificios de oficinas en Estados Unidos han impuesto reglas estrictas para permitir el regreso de quienes trabajan desde casa. Puede que el empleador no tenga una política al respecto, pero el dueño de la propiedad mantiene protocolos rigurosos de ingreso y nadie está dispuesto a hacerse pruebas a diario.
Aun cuando pensemos que es un escenario lejano, no me sorprendería si, por ejemplo, algunos establecimientos educativos en Ecuador deciden pedir evidencia de la vacuna. Los padres de familia sabemos que hay un montón de reglas escitas y tácitas para que los chicos ingresen (y egresen) y los certificados sanitarios han sido parte del menú por muchos años. En este punto, tendrían que intervenir los ministerios de educación y salud.
Existe por cierto una variedad de incentivos, desde las loterías millonarias que se sortean entre los que acuden en Estados Unidos y Canadá, hasta el kit de alimentos que generosa e inteligentemente entregan algunos comercios minoristas en Ecuador. Se va formando un gran frente para lograr el mismo objetivo por las buenas o por las malas, aunque no haya ni el gran músculo legal ni la abundancia para abrumar.
Es respetable cuando detrás de una negativa existe una creencia religiosa, un estado de salud particular o un principio filosófico, pero creo que eventualmente habrá que hacer espacio en la billetera para un documento más. Al fin y al cabo, no se trata de discriminar sino de empujar una responsabilidad común que en este momento luce tanto, o más importante, que ir a votar.
