Tres cambios plantearon una supuesta actualización de la política de Defensa del gobierno de Mauricio Macri y su alianza Cambiemos: el reemplazo del ministro de Defensa Julio Martínez por Óscar Aguad, el reemplazo del almirante Marcelo Srur por un “jefe interino” de la Armada y, finalmente, la asunción del segundo jefe de Estado Mayor General del Ejército de su gestión, el general de brigada Claudio Pasqualini por el teniente general Diego Suñer.
Estos cambios no lograron superar el hecho de que la política de Defensa se confunde y queda subordinada a la de Seguridad en medio de la ofensiva publicitaria y política del ministerio de Patricia Bullrich. Cada vez es más insistente la sugerencia del gobierno que la función de la Defensa es cada vez más una variable de la de Seguridad y que su separación, que fuera una norma de los grandes acuerdos políticos de los momentos fundamentales de la reaparición democrática en 1983, es más algo nuboso y sobre todo innecesario. La separación de Defensa y Seguridad nació de las lecciones posdictatoriales que procuraron que el enfrentamiento del Estado con grupos armados quedara restringido a las fuerzas de seguridad quedando las acciones de Defensa restringidas a las FF.AA. como último instrumento del poder militar del Estado.
Esa fue la doctrina radical peronista que, sin embargo, fue apenas oficializada por el decreto 727/06 que firmara el presidente Néstor Kirchner a instancias de la ministra Nilda Garré y que redactara el subsecretario de Asuntos Militares, Germán Montenegro. Prácticamente desde su dictado e intensamente en los últimos tiempos, Horacio Jaunarena –exministro de Defensa de Alfonsín, De la Rúa y Duhalde– ha insistido en que la política que ese decreto consagra ha quedado superada. ¿Por qué o por quién? Por las “nuevas amenazas”, es decir por la doctrina que el Pentágono y su Comando Sur despliegan como justificación de su política. (O)
