A los campos minados les precede un aviso de peligro para que la gente se abstenga de entrar y solo se sabe de la existencia de las minas luego de escuchar su detonación allá, lejos. Esta vez ignoremos el letrero.
Hoy 30 de julio fue designado desde 2013 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, Día Mundial contra la Trata de Personas, para recordarnos que esta aberración existe más allá de los campos donde emprendemos nuestras luchas de peluches ideológicos. Simplemente porque nadie entra en ese terreno minado por mafias, el que muchas veces alcanza con rizomas a funcionarios del sistema estatal para poder ejecutar sus crímenes.
Podemos culpabilizar al capitalismo desde la práctica que desvaloriza a la persona expresada en la explotación laboral, hasta en la venta del ideal que dice: todo es mercancía, consumible y desechable; se puede culpar al denominado patriarcado alegando que toda narcoviolencia, tráfico de personas o negocio de la prostitución son producto de la cultura occidental machista; o podemos responsabilizar al Estado por no garantizar la seguridad de sus ciudadanas y ciudadanos, desmejorar las condiciones laborales o económicas, aumentando brechas, conservando una educación pasiva desde las escuelas que sirve de poco en una sociedad potencialmente peligrosa, permitir la corrupción de sus servidores, producir migración, no amputar con severidad a las redes mafiosas, prometer ideas inalcanzables de plenitud o de vivir bien… como expresidentes.
Las víctimas de trata no son responsables y no está en sus manos no caer, no dejarse secuestrar o estafar, no sin paranoias. Menos hoy que la sociedad civil no puede protegerse por cuenta propia; lo ilegal se cuela en los intersticios donde ningún gobierno mete mano y las clases acomodadas ignoran.
Que a los Estados les importe la vida de sus ciudadanos está en cuestionamiento permanente. Recordemos México, Venezuela, la infeliz dictadura nicaragüense, los secuestrados y asesinados ecuatorianos. ¡Bum! (O)
