Así como el derecho de una persona termina donde empieza el de la otra, la libertad de uno tiene como límite no afectar la del otro. Desde ese punto de vista, la libertad de prensa tiene límites éticos: no faltar a la verdad, no manchar el buen nombre de las personas.

La libertad de prensa no es un derecho absoluto. No puede confundirse el derecho a la crítica con un supuesto derecho, por ej., a la calumnia. No existe tal derecho; y además, existe también el derecho ciudadano a ser informados de una manera plural y verídica.

En nombre de la libertad de prensa -a menudo ejercida por unos pocos que detentan la concentrada propiedad de los medios masivos latinoamericanos- no podría atropellarse este último derecho colectivo y que afecta a todos los ciudadanos.

Lo hemos dicho en este espacio: el caso argentino es elocuente en este sentido. El gobierno progresista de Néstor Kirchner -atacado, como luego el de su esposa, de manera constante por la prensa autodenominada “independiente”- eliminó el delito de calumnias. Ello, para proteger la libertad de crítica de los periodistas.

No fue una buena decisión, vista en perspectiva. La quita de castigo judicial fue asumida como una quita de cualquier responsabilidad, como un boleto hacia la impunidad. Puede decirse -literalmente- cualquier cosa contra los gobernantes en la Argentina; y en efecto se lo hace permanentemente, con un uso arbitrario y falaz de las libertades garantizadas por el Gobierno.

Lo cual incluye, por cierto, que se acuse a dicho Gobierno de autoritario o dictatorial. Por más que haya sido elegido impecablemente por muy mayoritario voto popular. Por más que los que critican desde la propiedad de grandes medios periodísticos no hayan sido elegidos por nadie, no estén sometidos al escrutinio público por ser considerados “privados” y no se renueven periódicamente en sus cargos. No importa; ellos asumen sin fundamento que tendrían la vara de la verdadera democracia.

Y por cierto, es lo mismo que sucede en otros países del subcontinente, donde sus gobernantes han ganado muy variadas elecciones y consultas ciudadanas, como son los casos de Venezuela y de Ecuador. Y donde también parte importante de la prensa ha ocupado el lugar, que no le corresponde, de oposición política enconada.

Dentro del referido concierto latinoamericano, resulta muy importante la sentencia contra un conocido diario ecuatoriano dictada por un juez frente a acusación planteada desde el Gobierno.

Al margen de las esperables protestas por parte de quienes puedan creer que en nombre de la libertad de prensa cualquier distorsión es permisible, la sentencia sirve para empezar a poner las cosas en su lugar para todo el subcontinente.

La libertad de prensa, como hemos afirmado, no es ilimitada; está obligada a ejercerse con racionalidad y con criterio y, sobre todo, debe -en su ejercicio- ajustarse a estándares de veracidad demostrables.