Los dos frentes del debate político nacional, tanto de las facciones a la interna de Alianza PAIS como de la oposición (hacia, mayormente, una de las facciones a la interna de Alianza PAIS), son la deuda y la corrupción. El tema de la deuda se ha convertido en el gran paraguas para cubrir, tanto la crítica al modelo de desarrollo como los elementos de este modelo. Desde los cuestionamientos a la deuda se ha reprochado desde los excesos del gasto público hasta el gasto público en sí.
Se ha criticado desde la asignación de recursos hasta la inversión en ‘elefantes blancos’, que un día lo son, y otro día no. Y el presidente Moreno, desde temprano, ha construido su discurso y su plataforma de gobierno basándose en las discrepancias con el anterior gobierno (o, quitando ese eufemismo de ‘gobierno’, con Rafael Correa) sobre la deuda. Moreno ha buscado la manera de extraer un tema político de este debate, de crear un discurso donde la separación con el anterior régimen es, no solo un cambio de modelo de gobierno, sino un cambio ético.
Pero se ha enfrascado en un debate técnico. Mientras sus funcionarios hablan sobre la deuda consolidada, sus otros funcionarios hablan sobre la deuda no consolidada. El problema del debate técnico es que no gana seguidores, no informa. No gana seguidores porque el ‘correísta’ creerá una cifra y el ‘leninista’ creerá la otra, y así cambiando la etiqueta por el bando que sea. No informa, porque la valoración técnica en general no viene acompañada de una repercusión, y cuando hay una repercusión (i.e. lo que se debe gastar en pagar esa deuda) regresamos a la apreciación personal para la que se usó esa deuda (i.e. infraestructura que es (era) necesaria, que ya no hay que construir y que ahora hay que pagar). Y en todo esto, nadie se ha preguntado por qué se mide, en principio, una deuda consolidada y una no consolidada.
Todos los indicadores tienen una razón de ser. Una de las razones por las cuales medimos los niveles de deuda interna, es porque el servicio a esta deuda afecta la capacidad de acceder a nuevos créditos externos, y la manera en que se evalúan los créditos que se nos van a otorgar (y la tasa de interés a la que podemos acceder).
También son un indicador de la capacidad que tiene el país de resistir shocks externos, que suelen tener impacto en otras áreas de la economía. Según el FMI (donde se reportan los datos consolidados de la deuda), medir la deuda consolidada permite eliminar los efectos distorsionantes de los arreglos institucionales domésticos que cada país pueda tener. En el caso ecuatoriano, los acuerdos que tiene el Gobierno central con el IESS, por ejemplo, son propios de nuestra economía y no pueden ser comparables con los que se puedan hacer en Colombia o Perú. Es decir, se consolida para que sea comparable a nivel internacional. Pero el propio FMI sugiere ver la magnitud de estos acuerdos internos antes de hacer este ejercicio de consolidación.
Y si hacemos este ejercicio, basándonos en los datos presentados por el Ministro de Finanzas, más del 30% de la deuda agregada viene de obligaciones con entidades públicas. Lo que hay que preguntarse es qué significa esto, a qué tipo de arreglos se llegó para pagar estas obligaciones, cómo las instituciones que participaron en estos arreglos se ven afectadas en su funcionamiento, cómo esta afectación impacta al usuario (al ciudadano y contribuyente, en el caso del IESS), y cuáles son las consecuencias en caso de que el Estado no pueda cumplir estas obligaciones.
Si la deuda es una deuda, es una deuda; lo que tenemos son muchas quejas, pero no muchas respuestas. (O)
