El Telégrafo
El Telégrafo
Ecuador/Dom.9/May/2021

Columnistas

Tendencias
Historias relacionadas
Maria Paz Jervis

Servicio público

29 de marzo de 2021 00:00

El profesor Giovanni Sartori afirmaba que todos sabemos cómo sería una democracia perfecta, sin embargo lo que no sabemos es cómo llegar a ella.  En el Ecuador esta afirmación del profesor Sartori no se cumple. Si algo hemos evidenciado en lo que va del siglo XX en el país es que los valores democráticos no están tan afianzados. Hay una narrativa extensa que se sustenta en las desigualdades profundas que efectivamente nos aquejan para relativizar los derechos fundamentales y atentar a la democracia. Quienes la proclaman no provienen necesariamente de ese grupo de politiqueros y oportunistas que se subieron a la camioneta del socialismo del siglo XXI, sino que reúne a intelectuales, profesionales educados, gente honesta que se identifica con esa narrativa. Yo conozco algunos.

Y por esa ruptura de valores democráticos que se evidencia en el Ecuador me parece fundamental reflexionar sobre el servicio público, considerando que es la columna vertebral del Estado y constituye un elemento fundamental de la democracia. Las personas que prestan servicio público, es decir que trabajan para el Estado cumplen un rol fundamental en la sociedad. 

En la tradición pública ecuatoriana durante mucho tiempo se ignoró la importancia de profesionalizar el servicio público y era conocido que, para ocupar un puesto, sobre todo en aquellas instituciones más relevantes, era indispensable tener “palancas” o lo que en España llamarían “enchufes”, en otras palabras se requería tener amistades y relaciones personales que permita transacciones informales para beneficio propio, como obtener un puesto. 

Con la entrada en vigencia de la Constitución del 2008 y toda la nueva estructura que se impuso en el Estado se incorporó ciertamente la importancia de ciertos requisitos para acceder a la función pública. Pero también se consagró una visión del servicio público bastante amorfa, un entramado de normas confusas que garantizan la ineficiencia y se basan en la injusticia, un sistema de privilegios de unos cuantos sobre la mayoría de la ciudadanía. Es obvio que no todas las personas de la función pública se benefician de esos privilegios, al contrario, es justamente esa distorsión normativa la que promueve mayores desigualdades sobre todo entre servidores y servidoras públicas. 

Entre tanta distorsión y junto con el falso discurso de meritocracia que acompañó a la Constitución del 2008 se ha degradado aún más el servicio público. Hoy por hoy ocupar una responsabilidad tan alta como un ministerio, por ejemplo, implica además sacrificios económicos, profesionales y de la vida personal, algo que muy pocas personas pueden hacerlo. 

Por un lado, causa gracia pensar que en este país se ocasionan escándalos públicos cuando se conoce que el hijo o familiar directo de una alta autoridad utiliza un medio de transporte del gobierno o acompaña en algún acto formal fuera del país al funcionario. Aún cuando es de conocimiento público los riesgos de seguridad y sacrificios de tiempo que hacen las personas que ocupan estas altas dignidades y que repercute en sus familias. Pero, por otro lado, nuestra sociedad normaliza que un joven de 21 años haya ganado supuestamente un concurso público y obtenido nombramiento en el Banco Central, beneficiado de una licencia cuando apenas trabajó 2 años y después obtuvo casi treinta mil dólares por la venta de su renuncia. Ese joven que se aprovechó del servicio público, burló las disposiciones, violó la ley y sobre todo demostró que carece de ética, ahora quiere ser presidente. 

Es momento de elevar el servicio público a un gradeo de dignidad y eficiencia. Se lo merecen los cientos de funcionarios y funcionarias públicas honestos del país y desde luego nos merecemos la ciudadanía. (O)