Finalmente, son de público conocimiento las 8 preguntas que podrán realizarse en la consulta popular planteada por el Gobierno; lo cierto es que estas, a pesar de haber sido explicadas por la vocería oficial, generan muchas expectativas en cuanto a la forma, el camino que tomarán en la Corte Constitucional y, si es que se podrán plantear en el proceso electoral.
El Gobierno ha separado las preguntas en 3 ejes, y cada una de ellas puede ser analizada desde la óptica constitucional y, además, será responsable ver la posibilidad de la argumentación utilizada a fin de emplearlas como mecanismos de cambio de la institucionalidad nacional, porque finalmente esto es lo que se plantea.
Partamos de la forma en la que posiblemente seremos consultados. En este sentido, todas las preguntas apuntan a una enmienda constitucional, es decir, cambios a través de la Asamblea Nacional; esto tiene su razón de ser debido a que el Ejecutivo no tiene las suficientes herramientas como para colocar en la agenda legislativa un cambio como tal, esto ya lo vimos en cuanto a la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Ahora, veamos las preguntas respecto a la institucionalidad nacional, es decir, las que afecta organismos estatales que, de una u otra forma, han colapsado en cuanto a sus funciones; empezamos:
Independencia interna y externa de la Fiscalía General del Estado a través de un consejo específico que separa las evaluaciones del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), algo reclamado históricamente por la dificultad de administración que tiene el propio CNJ y la falta de objetividad del mismo. Sobre la base del principio de autonomía decisional y evaluatoria, esto no tendría mayores problemas y además destrabaría trámites de control disciplinario de agentes fiscales, sin embargo, no hay que descuidar las actuaciones de los fiscales a todo nivel, tarea compleja y a la que se pueden sumar los propios jueces nacionales.
EL CPCCS no ha logrado despegar desde que pasó a ser elegido por votación popular, la deuda del mismo es amplia en cuanto a la selección de autoridades, lo que ha provocado un desarme nacional. El cambio producirá efectos inmediatos como la designación de autoridades que se adeudan, pero cerrará posibilidades y romperá la participación ciudadana ya que el régimen concursal y de acceso general, pasará a una designación interfuncional, con poco acceso ciudadano. A pesar de la controversia en este sentido la propia Corte Constitucional anunció previamente el camino en 2019 y se considera un traslado de funciones al Legislativo.
La reducción del número de asambleístas en virtud de nuevos estándares numéricos de representación sobre la base del censo 2022, es la reforma de índole populista, que definitivamente responde a la escasa calidad en cuanto a producción legislativa y fiscalización del órgano; sin embargo, el problema no radica ahí, y el propio gobierno desconoce la falta de acción de las organizaciones políticas en cuanto a la cosa pública; finalmente cantidad no es calidad, aunque sea inversamente aplicada.
Las preguntas en cuanto al eje ecológico, pueden darse a través de reformas legales, pero nuevamente se está a la voluntad política del legislativo. Y, lo que tienen que ver con la depuración de organizaciones políticas, se ha tratado hasta el cansancio, todo esto se lo logra a través de reformas al Código de la Democracia, pero generar estándares estrictos de cumplimiento para partidos y movimientos políticos, realmente no es un “buen negocio” para ellos mismo.
La seguridad y la extradición requerirán de un análisis aparte, sin embargo, recordemos que las preguntas y pretensiones del Estado deben observar en este caso mayores estándares en cuanto a la protección de derechos humanos y el rol del Estado; estas están al borde la constitucionalidad.
