En el marco de la socialización del proyecto de Ley de Seguridad Pública y del Estado, allá en 2009, el entonces ministro de Defensa, Javier Ponce, dijo que se trataba de “un intento por superar una ley que fue inspirada por la Guerra Fría (…) y que tiene un elemento fundamental: desmilitarizar el concepto de la seguridad”. Era una desmilitarización integral, comenzando por establecer la supremacía civil en las jerarquías de mando militar. Era una ruptura con ese concepto de seguridad nacional que veía ‘cucos’ en todas partes y que utilizaba dictadores para ahuyentarlos. Más importante era una ruptura con el paradigma de securitización, donde los enemigos del Estado estaban a su interna.
La cuarta enmienda constitucional aprobada por la Asamblea Nacional el pasado jueves, cambia el segundo inciso del artículo 158, añade a las funciones naturales de las FF.AA. (“defensa de la soberanía e integridad nacional”) el apoyo complementario en la “seguridad integral del Estado de conformidad con la ley”. Es un eufemismo. Es la venia constitucional para poder utilizar a las FF.AA. como un cuerpo de seguridad interno. Y lo es, porque de “conformidad con la ley”, las FF.AA. pueden intervenir en la “protección interna, el mantenimiento y control del orden público y seguridad ciudadana”, según las modificaciones que se aprobaron a la Ley de Seguridad Pública y del Estado en mayo de 2014. Las cuales, a su vez, refrendaron lo que ya se venía esbozando desde el 11-S a través del Plan de Seguridad Integral, donde se contempla el uso de las FF.AA. como complementarias a la Policía Nacional.
Y es complejo evaluar los problemas que nacen de la ampliación de las facultades de las FF.AA. Principalmente, compartimos frontera con uno de los mayores exportadores de drogas a nivel mundial, frontera que sentirá la presión de un proceso de paz, y a la cual es difícil controlar. La presencia del narcotráfico dentro del país será la justificación. Como alguna vez lo fueron los comunistas. Como ahora lo son los terroristas.
No es una desconfianza hacia los individuos que representan a las FF.AA. Tampoco particular desconfianza de quien las comanda. Es la desconfianza de la epistemología y estructura histórica de nuestras FF.AA. Las mismas FF.AA. que controlaban los servicios de inteligencia nacionales financiados por Estados Unidos. Las mismas que, gracias a esos niveles de autonomía, filtraban la información a través de Colombia (la del Plan Colombia, esa ‘cooperación militar’ con, oh sorpresa, Estados Unidos), por ejemplo, antes de que llegue al Presidente. La que ahora podrá coordinar de manera fluida con esa oscura, oscura institución que es la Senain. Luego está toda esa conceptualización del uso de la fuerza. La Policía, a pesar de todo, es una fuerza comunitaria. Son agentes cuya interacción con civiles es cotidiana: buena, mala, limitada, honesta o corrupta. Es lo que es. Pero lo es, junto a la comunidad. Servir y proteger. Las FF.AA. no. Las FF.AA. tienen como espacio geográfico natural las fronteras, listas para disparar primero, y recoger los cuerpos después. Es el combate contra el enemigo. ¿Cuál será el enemigo cuando participen en la seguridad interna? ¿Los ciudadanos? ¿Los que se acusa de terroristas? ¿Los que se oponen?
Y lo que extraña más en el proceso es esa falta de voces de apoyo crítico. O si las hay, hay una peculiar idea sobre la fuerza de bloque desde la unanimidad, donde las voces se pierden a la interna cuando deberían ser parte de la discusión nacional. Ya no hay Javier Ponce socializando. Solo hay para sentarse y esperar. (O)
