Hay pocas cosas más siniestras que las unidades de inteligencia de los gobiernos. Cada cual tiene su grado de simpatía por estas y, ciertamente, hay buenos argumentos para la necesidad de tenerla. En nuestro país, lastimosamente, la Secretaría de Inteligencia (Senain) tiene un récord nefasto.
En los últimos años, esta oscura institución no ha dado respuesta alguna a pliegues de acusaciones. Lo que comenzó como reclamos de ciudadanos que acusaban al Gobierno de espionaje cibernético se comprobó cuando, en 2015, se hicieron públicos los contratos de Hacking Team, una empresa de ciberespionaje, y la Senain. Pese a las pruebas, Rommy Vallejo continuó al mando de la Senain. No hubo auditoría de los contratos ni se transparentaron los procedimientos de la Senain. No se hizo nada, o lo que se hizo no fue público. Peor aún, las consecuencias de concebir al ciudadano como enemigo del Estado han sido nulas.
Desde el Gobierno, el presidente Moreno ha propuesto cerrar la Senain, en parte como respuesta a las medidas de austeridad, y también como un “clamor ético” de la ciudadanía. La coyuntura no podría ser peor para los defensores de la Senain: dos días después del anuncio del Presidente hubo un atentado a una patrulla en Mataje, y Moreno aprovechó para cuestionar el trabajo de la Senain.
Pero la eliminación de la Senain no significa la desaparición de la unidad de inteligencia. Como mucho, supone cambiar la estructura de mando de la inteligencia ecuatoriana y regresarla a manos de las FF.AA. Y esto pone nuestros servicios de inteligencia en el peor de dos mundos. Porque antes de existir la Senain, estaba la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), que respondía a las FF.AA., y tiene a cuestas comportamientos igual de cuestionables que los de la Senain. Con el agravante de un servicio de inteligencia que no respondía al poder civil, sino al militar.
Las unidades de inteligencia no van a desaparecer, pero la coyuntura le da la posibilidad al presidente Moreno de reorientar las que tenemos para que generen un mínimo de confianza en la ciudadanía. Lastimosamente, el Gobierno en el último año no se ha caracterizado por dar mucho detalle de sus planes, y el futuro es todavía incierto. Más allá de una auditoría indispensable de las acciones de la Senain, es importante plantearse el futuro de los servicios de inteligencia, no tanto como un borrón y cuenta nueva, sino más bien como una posibilidad de hacer lo que hace ocho años prometieron (y nunca se cumplió). (O)
