Un 8 de enero de 2015 en la provincia de Esmeraldas fui retenida, amenazada, golpeada y mi integridad sexual fue violentada por desconocidos. La policía demoró una hora en llegar al lugar, fui trasladada a un centro médico privado en donde me fue practicado un examen médico legal, pero no recibí ningún medicamento, no se cumplió ningún protocolo, ni me fueron entregados retrovirales o anticoncepción de emergencia.
Mis buenos amigos (casi hermanos) me llevaron a mi habitación, esperaron hasta bañarme, y me abrazaron tan fuerte que nunca podré olvidarlos. Esa noche me decías: “de esto se sale, y vas a superarlo”.
Pero después de estos hechos y durante dieciocho meses el expediente fiscal fue guardado en una carpeta junto a otras denuncias olvidadas por la Fiscalía de Atacames, ni una sola diligencia, ni una gestión.
Mi testimonio anticipado y valoración psicológica se realizaron cuatro años más tarde y finalmente pese a todas las evidencias, el 09 de abril del 2019 el fiscal decidió archivar mi caso aduciendo que, “la valoración psicológica tiene conclusiones negativas para la víctima”, pues mientras los años pasaban y esperaba justicia, me dediqué a sanarme, recuperar mi vida y salir de la depresión reactiva.
Mi caso lleva seis años de impunidad aún no lo han archivado. En el Ecuador los delincuentes, violadores y femicidas saben que nunca serán sancionados y por esa razón los niveles de violencia crecen, la justicia se venda los ojos frente al dolor de mujeres y niñas y el Estado se convierte en cómplice.
La impunidad duele tanto como la indolencia de ciertos fiscales y jueces que no entienden que más que expedientes, cada caso es una vida.
Salir de la violencia ha significado sanar, reconocer mis talentos, habilidades, conocimientos, fortalecer mi espíritu, retomar mi proyecto de vida, mirarme en el espejo y avanzar alcanzando justicia para las mujeres y niños que acompaño, mientras espero que mi caso siga su curso en CIDH. (O)
