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El Telégrafo

Seguridad jurídica, ¿para quién?

28 de enero de 2013 - 00:00

Entre tantos reclamos y demandas de los discursos neoliberales, está el de la seguridad jurídica en el Ecuador. Hemos pasado muchos años escuchando que sin seguridad jurídica no habrá inversiones en el país; que no habrá crecimiento, desarrollo, generación de riqueza o que, por último, estamos condenados al fracaso.

Lo que no se escucha es la explicación sobre qué es y para quién es la seguridad jurídica. Grandes y medianos empresarios y sus cámaras, algunos periodistas, políticos, etc., exigen seguridad jurídica para que el país marche; pero no sabemos hacia dónde quieren que marchemos todos. Para el neoliberalismo, su centro de legitimidad radica exclusivamente en consolidar una estructura jurídica que le brinde legalidad para actuar alrededor de un eje único: el mercado.

La seguridad que exigen está en que las leyes expresen un entorno ideológico afín a la reproducción del capital en todas sus modalidades; donde el propietario del capital pueda “libremente” movilizarlo donde las ganancias puedan ser las más altas. Por ejemplo, junto a la exigencia de seguridad jurídica se exige la flexibilización del trabajo y pocos límites a las inversiones, sean de corto o mediano plazo.

La seguridad jurídica como principio es coherente con la necesidad de una sociedad de contar con un marco jurídico donde sus ciudadanos puedan tener certeza del ordenamiento legal de tal suerte que puedan estructurarse y ampararse en la ley; donde el Estado, en sus funciones, viabilice el orden social, su permanencia.

El problema surge cuando asumimos la existencia de un solo orden normativo: el liberal burgués-empresarial que exige que las otras formas de ordenamiento tradicional se sometan a su lógica. El resultado ha sido la exclusión sistemática y voraz de la población; la cual ha sido vista como mera fuerza de trabajo.

En América Latina, las élites tradicionales importaron ese modelo liberal burgués e impusieron candados discursivos; donde solo los “expertos” juristas podían interpretar y validar el sentido de las leyes. Ese sentido de la seguridad jurídica ha significado para el Ecuador todo un complejo de formas legales que han legitimado la explotación social y el empobrecimiento sistemático de la mayoría de la población. Si se exige seguridad jurídica debe ser para el conjunto de la sociedad y no en exclusividad para los empresarios-inversionistas-extranjeros.

El ciudadano común debe tener seguridad jurídica en un Estado Plurinacional; este ciudadano debe ser el centro de la seguridad, la cual debe promover la vida y no el capital, debe promover el mejoramiento y la redistribución de la riqueza y no su concentración en los bolsillos de los especuladores. Profunda desconfianza genera la proclama electoral de la seguridad jurídica cuando  no se explicita en sus argumentos.

Necesitamos una seguridad jurídica plurinacional e intercultural, donde el núcleo sea lo humano-naturaleza y no el capital, porque el Ecuador es una nación y no una empresa.

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