De la revocatoria del mandato de Bolívar Castillo en Loja y del proceso de revocar igual dignidad en Mauricio Rodas y Jorge Domínguez, alcaldes de Quito y Quevedo, respectivamente, resalta el saludable fortalecimiento de la democracia directa y también -vale señalarlo- el brindar un jalón de orejas a quienes anhelan llegar o están en un municipio con el único objetivo de enriquecerse desde su función afectando el desarrollo de una ciudad.
En el caso de mi cantón Quevedo, de ser aprobada finalmente la revocatoria que hoy está en manos del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), incidirán dos factores en la decisión popular: por un lado, la urbe ha retrocedido en servicios básicos, como el acceso al agua potable y recolección de basura, pero por otro lado los negocios del burgomaestre y de sus hijos han prosperado a un ritmo sorprendente, a la par de innumerables denuncias de corrupción contra ellos.
Factores que, por cierto, no son los que llevaron al Consejo Nacional Electoral a considerar el pedido de revocatoria contra el alcalde de Quevedo. La espada de Damocles que se blande sobre Domínguez resultó de su negativa de entregar a la ciudadanía el derecho de participar, en una sesión de concejo, de la decisión sobre los dineros que genera un servicio municipal. Esta negación de derechos brinda a la ciudad una oportunidad de castigar una pésima alcaldía sin traer consigo un gran premio al corresponsable de la administración de Domínguez: su vicealcalde Humberto Alvarado Espinel.
Remover o revocar al alcalde de Quevedo de su cargo -en ocasiones anteriores se lo intentó- abría en la ciudad un debate igual al que se atiende cuando se enfrenta al sida con el cáncer, discutiendo cuál es peor. Para suerte de un cantón enfermo por la ineptitud y corrupción denunciada contra sus administradores, ninguno de los dos, ni Domínguez ni Alvarado, pasarán de mayo 2019. Y si el TCE obra adecuadamente, uno de los dos males del cantón terminará por irse un poco antes de lo que se vaya el otro. (O)
