En este artículo continúo con el análisis de la propuesta de reforma a la LOES presentada en la Asamblea. La reforma afecta las atribuciones que ahora tiene el Consejo de Educación Superior, puesto que se proponen dos cambios importantes: uno relacionado con la eliminación de sus actuales atribuciones para aprobar los postgrados. Esto es un despropósito mayor, dado que retirar las atribuciones para aprobar postgrados afectaría seriamente la calidad de estos, tendría incidencia sobre los costos y, además, caotizaría el sistema con relación a la nomenclatura de títulos.
Pero esto parece no importar a los ideólogos de esta ley ya que lo que interesa es tener una verdadera feria de postgrados con costos que tampoco podrían regularse. Si hoy se aprueban postgrados cuyos costos fluctúan, de manera grosera, entre 5 mil hasta más de 10 mil dólares, con estas nuevas medidas ya no habría ningún organismo encargado de revisar la pertinencia de la oferta, peor el tema de los costos. Se borraría así una tradición de regulación que se inauguró hace décadas en el país, desde el CONUEP, organismo que tenía una comisión especial para aprobar los postgrados. Las Universidades están más que acostumbradas a que sus programas deban ser aprobados por organismos académicos superiores, así que esta desregulación no encuentra justificación alguna en ninguna clase de autonomía.
Otra de las funciones del CES que propone eliminar la reforma es la de verificar que los estatutos de las instituciones de educación superior cumplan con la Constitución y demás normativa aplicable. En este sentido, al dejar a la buena fe de los regulados se corre el riesgo de que en estatutos y sus prácticas podría prescindirse de enfoques como equidad de género, interculturalidad, y en general el enfoque de derechos de grupos vulnerables. Hoy, aún con esas normativas vigentes se buscan maneras para eludirlas -basta con mirar que no hay paridad de género en las autoridades de las instituciones de educación superior, así como en los consejos universitarios- no queremos ni imaginar lo que sucedería cuando esta no sea una exigencia.
En la campaña del hoy presidente Lasso se ofreció eliminar la Senescyt. No obstante, ya en el poder, no solo que no se dice nada en la reforma acerca de la Senescyt, sino que al que se afecta es al organismo de planificación y regulación, al CES, disminuyendo sus atribuciones con el objeto de desregular el sistema de educación superior. Más aún, en las transitorias se pretende que sea un delegado del presidente de la república el que dirija el CES, cosa que ya ocurrió durante el correísmo, con desafortunadas consecuencias cuando el señor Ramírez dirigía la Senescyt y el CES al mismo tiempo. El gobierno “del encuentro” repitiendo prácticas autoritarias del correísmo que tanto criticó.
Así, primero se suelta el caramelo del discurso de la “autonomía” y con eso quieren que compremos el resto del paquete. Si en la LOES 2012 se hizo una ley sin la participación de los actores del sistema imponiendo su visión de la universidad, hoy se pretende imponer un modelo desregulado y privatizador.
