Tuve el honor de formar parte del equipo que en 1988 cambió la Corporación Estatal Petrolera CEPE en la empresa Petroecuador. Fue necesario un cambio en la Ley de Hidrocarburos, no muy difícil con mayoría de la Izquierda Democrática en el Congreso; pero fue muy complicado el cambio de la cultura organizacional de una institución estatal burocrática a la fisonomía de una empresa operativa y funcional.
Logramos darle estabilidad al mayor negocio del Estado, incluyendo la negociación del primer contrato colectivo de la Fetrapec, que era el ente sindical que agrupaba al sinnúmero de sindicatos de la antigua CEPE. La inversión en mantenimiento y potenciación era muy pobre y, de hecho, muy ineficiente. La Refinería Estatal de Esmeraldas, diseñada para 90.000 barriles diarios de producción, en el mejor de los casos operaba a 70.000 y la Unidad de Craqueo Catalítico Fluidizado se volvió mi peor pesadilla. Trabajábamos en un ambiente que lo denominamos de “riesgo controlado”, como si eso fuera posible hacerlo.
Treinta años después y luego de gastar $ 2,2 millardos en una repotenciación por demás cuestionable, siguen operando bajo “riesgos controlados” que ahora son mucho más graves y sensibles. Somos muy deficitarios en abastecimiento de todos los combustibles y es necesario importar la diferencia. Por ejemplo: gas licuado de petróleo (la demanda es 38 y la oferta es 8); las gasolinas (demanda, 90; oferta, 25); con diésel (demanda, 90; oferta, 50) y por la baja conversión de las refinerías actuales, exportamos el fondo de barril de refinación, que es fuel oil donde la demanda local es 23 y la oferta es 70. Ahora se destinan más de $ 3 millardos para cubrir la importación de combustibles, y en pocos años más serán 5 millardos.
De ahí la decisión presidencial para construir la Refinería de Manabí. Tiene que ser de alta conversión para procesar un crudo cada vez más pesado, cuya oferta bajará de 550.000 BPD a unos 430.000. Pero se incorpora todo el ITT con 250.000 BPD, con lo cual tendremos cerca de 700.000 BPD, de los cuales se destinarán 300.000 a la nueva refinería. El Gobierno tiene que dar esta refinería en concesión, pues ya no puede endeudarse más, con lo cual cubrirá la demanda nacional y le quedará 30% de combustibles para exportar a los países vecinos. Este megaproyecto ya no es simplemente un sueño, es una imperiosa necesidad. (O)
