El pasado 13 de junio un millón de mujeres coparon las calles de Buenos Aires para exigir que el aborto sea legal, seguro y gratuito. No se movieron hasta que se aprobó la legalización del aborto en el Congreso.
Quisiera reflexionar sobre los argumentos que se debatieron a favor de legalizar el aborto en Argentina y traerlos a nuestro marco legal.
Nuestra Constitución consagra el principio de la mínima intervención penal, esto es, solo acudir a la sanción penal cuando es estrictamente imprescindible para garantizar un derecho o un bien. La punición no se justifica si es ineficaz o contraproducente. La penalización del aborto es un ejemplo de norma inútil, perjudicial y nociva. No solo no desincentiva la práctica de abortos, sino que provoca que se den en condiciones de insalubridad y peligro para las mujeres.
El tema de la vida por nacer es delicado y sensible. En nuestra ley el feto no es considerado persona. ¿Quiere eso decir que está en la indefensión? Para nada. El feto es un bien protegido jurídicamente. Pero, ¿quién con un mínimo de sensatez negaría que hay asimetría entre feto y mujer? Hasta las doce semanas el desarrollo de su cerebro está en etapa inicial, no se ha formado corteza cerebral, no puede experimentar sensación de dolor.
Quienes sí sufren dolor, angustia, enferman y mueren son las mujeres que ponen el cuerpo en abortos clandestinos. Digámoslo todo, las mujeres con recursos podemos abortar en clínicas privadas, sin ningún riesgo de morir, enfermar o ir presas. Las que constan en las estadísticas de muerte por aborto son las niñas y mujeres que viven en las condiciones más precarias.
Despenalizar el aborto no implica justificarlo moralmente, peor fomentarlo. Que el aborto sea legal no obliga a ninguna mujer a abortar. Paremos ya la tortura a mujeres hoy sometidas a un control penal que no impide esta práctica, que acentúa las desigualdades existentes en nuestra ya inequitativa sociedad, que no le salva la vida a ningún feto, que solo está matando mujeres. (O)
