Itulcachi, Santa Ana, El Belén y El Inga Bajo son las comunidades afectadas por la irresponsable gestión del relleno sanitario administrado por el Municipio de Quito a través de la EMGIRS.
Las inspecciones realizadas por el Ministerio del Ambiente, visita técnica de la Defensoría del Pueblo, así como imágenes del relleno y sus olores, evidencian el grave daño ambiental en la zona; y que de acuerdo a las versiones de los habitantes, se estarían descargando lixiviados al Río Inga, sin tratamiento, contaminando el agua y dañando el ecosistema, que es contaminar la vida.
Según el Informe Técnico No. 127-UCAP-ZCE-MAAE-2020 de 26 de noviembre de 2020 emitido por el Ministerio del Ambiente se comprueban incumplimientos e inobservancias de EMGIRS en el manejo del relleno sanitario y aplicación de normas ambientales; por lo que textualmente se han cometido infracciones graves, contenidas en el Art. 317 del Código Orgánico Ambiental que determinan como sanción la revocatoria de la autorización.
Lo que más preocupa es que existe una afectación a la salud de las personas que habitan en las comunidades aledañas, pues han padecido desde alergias hasta problemas respiratorios que laceran su derecho a una vida digna, su derecho a un ambiente sano; y pese a ello han sido marginados y maltratados por la autoridad municipal.
Pero el problema de tratamiento de lixiviados no se trata solo del impacto ambiental sino de los intereses detrás, pues pese al anuncio de la Gerenta de la EMGIRS de adjudicar el contrato de tratamiento en septiembre, al revisar el sistema compras públicas se evidencia que dicho contrato fue adjudicado el 24 de junio de 2021por un valor de 4 millones de dólares, el doble del contrato anterior.
Así queda claro que ni el ambiente, ni la salud de las personas, ni la transparencia reina en la EMGIRS y que al contrario, el manejo inadecuado, la falta de políticas y los interés particulares ponen en un grave riesgo a Quito.
