En los años 90 del siglo pasado, generó escándalo mediático la revelación de lo que se dio en llamar de “I-PRE”, o impuesto del Partido Roldosista Ecuatoriano; que en el anterior Congreso Nacional cobraba una tarifa a diputados de esa organización y a sus asesores, como consecuencia del arrastre electoral provocado por el caudillo populista, Abdalá Bucaram, que hacía que mucho desconocido o no, llegue al legislativo.
Recientemente recordamos los casos de los diezmos que el bloque de Alianza PAIS, generó en denuncias de asesores y empleados de asambleístas de esa agrupación –correísta por entonces. La justicia incluso sentenció a la exvicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, por estas prácticas cuando legisladora; o a las entonces legisladoras Norma Vallejo o Karina Arteaga, por iguales prácticas.
Los respaldos de los denunciantes eran chats de WhatsApp que reflejaban presiones de cobro. Sotto Voce eran conocidas estas prácticas en la Asamblea con legisladores del oficialismo. Personalmente lo viví como asesor parlamentario, que, aunque no tuve la misma presión para aquello, el pedido se camuflaba como una gentil solicitud del movimiento, como apoyo a la campaña seccional de 2013 en Quito.
Entregué un “aporte” retroactivo solicitado tras varias recomendaciones, luego de lo cual, la asambleísta para la que trabajaba me despidió y gestionó que sea vetado en entidades del Ejecutivo de entonces.
Este oscuro capítulo profesional me genera empatía con lo denunciado por profesionales que trabajan en entidades públicas y son forzados a entregar parte de sus sueldos a actividades nunca auditadas. En el correísmo sucedía además en ministerios e incluso gobiernos seccionales donde gobernaban.
Pese a lo escandaloso que fue, esta etapa no ha sido superada. Vemos ahora que la nueva Asamblea en 100 días de gestión, desnuda similares prácticas, protagonizados por integrantes como la vicepresidenta Bella Jiménez, u otros provinciales. Parece que no se enteraron del bochorno pasado, de lo que pasó con los exlegisladores; ni lo vergonzoso y corrupto que esa práctica significa para la opinión pública.
