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El Telégrafo
Antonio Quezada Pavón

¿Pueden los sectores público y privado ir de la mano?

09 de abril de 2015 - 00:00

Escuché una interesante conferencia del empresario Henry Kronfle Kozhaya sobre las 37 propuestas que la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación (AEI), una institución privada que hace al gobierno del presidente Correa para la creación de una alianza público-privada-academia con el objetivo de que Ecuador sea uno de los países más atractivos para emprender e innovar en el mundo.

Sus metas son para 2020, a sabiendas de que este período presidencial termina en 2017 y la eventual reelección llevaría a la Revolución Ciudadana a 2021. No sé si es una premonición o un acto de fe. Las propuestas para el fortalecimiento y crecimiento económico del país se basan en la expectativa de que la formación bruta del capital fijo, que ahora es 26.313 millones de dólares, siendo 13% del PIB de origen privado y decreciendo y 15% de origen público y creciendo; para 2020 sea 30.000 millones de dólares y con una participación igualitaria del PIB.

Kronfle reconoce el avance del país en este Gobierno en ciertas áreas, como: la reducción de la pobreza en 14 puntos; mejora de 15 puntos en el Índice de Competitividad; la educación, salud y vivienda; la infraestructura vial y energética; la inclusión social; la formalización impositiva fiscal; el turismo; la seguridad, y así en otras áreas, como la expedición del reglamento de cooperación público-privado. Sin embargo, aboga por el financiamiento y creación de políticas contracíclicas y la ejecución de claras acciones para atraer inversiones, especialmente privadas, para lo cual se necesita una explícita y aterrizada visión del emprendimiento y la innovación; eficiencia y agilidad normativa;  un amigable entorno tributario; el fomento del empleo adecuado; y por supuesto, el fortalecimiento del sector externo.

Utiliza el modelo del ecosistema de emprendimiento e innovación de Hugo Kantis para el World Economic Forum que presenta la transformación de la tecnología en riqueza. Con siete indicadores de comparación internacional: financiamiento, cultura, mercado, soporte y asesoría, marco regulatorio, talento humano e innovación, que para el país en 2014 están entre 25 y 40%, considera necesario llegar a duplicar todos estos índices, especialmente en lo referente a legislación, financiamiento y mercado, que deben estar muy cerca del 100% para 2020.

Con iniciativas muy de avanzada, por ejemplo: ley de quiebras que proteja al emprendedor y  a los acreedores en casos de quiebra de buena fe; hacer que el Biess juegue el rol de market maker –hacedor de mercados- para poner ofertas de compra/venta de los papeles fiduciarios necesarios para el financiamiento; diseñar fideicomisos para los proyectos de emprendimiento e innovación.

Reconociendo la capacidad regulatoria del Estado, se aspira a contar con mayores certezas normativas como factor crítico para potenciar inversiones, para lo cual existe la urgencia de una positiva decisión presidencial de agilizar y simplificar trámites. Pero la realidad es que en 2014 se han expedido 1.544 normas, casi tres al día; 70% de las cuales eran nuevas y 30% reformas. Por ejemplo, para los alimentos procesados en 24 meses se han expedido 91 normas de control. Es verdad que hay un ánimo positivo, pero hay muchas cosas por hacer. (O)

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