Si se criticó la gestión ministerial médica del Gobierno anterior por poner énfasis en la enfermedad y no en la promoción de la salud, mayor crítica merece la presente (con la misma persona a cargo) por la falta de control en cuanto al variado y redituable mercado de medicamentos.
Si bien antes se construyeron hospitales en una loable priorización de servicios públicos de calidad y sin costos, se olvidó la atención primaria con la promoción de la salud, que no es lo mismo que la prevención de la enfermedad, sino que se refiere al trabajo interdisciplinario de atender las necesidades humanas, sobre todo en las poblaciones prioritarias rurales, indígenas, y de grupos especiales, que más dificultades tienen para satisfacerlas.
Hoy los medios de comunicación, escritos y audiovisuales, dan paso libremente a la más increíble publicidad de medicamentos y utensilios milagrosos que la gente ingenua los compra porque está nuevamente floreciendo el libre mercado. Sus réditos deben ser mayúsculos, pues los segundos asignados en la televisión resultan caros.
Solo el Estado puede controlar al mercado en su afán de enriquecer a quienes ponen a las mercancías para combatir la enfermedad al servicio de sus intereses.
Incluso en la televisión, y particularmente en la pública, se publicitaban medicamentos milagrosos para la próstata o para las dolencias de las mujeres con dibujos a colores de los órganos afectados, y hasta con declaraciones populares procaces. Como ni el ministerio ni los colegios de médicos se pronunciaban, el mercado hacía de las suyas.
En Quito un enorme cartel anunciaba que un médico en Guayaquil curaba la diabetes con cirugía. Una gran cantidad de sugerencias para la gente sana, desde opciones de cirugía plástica hasta aparatos que muestran a físicamente bellas y bellos modelos (que en pocas semanas lograrán figuras parecidas), se exponen día a día para enriquecer los bolsillos de los inversionistas.
No es fácil el control, pero solo un Estado fuerte puede hacerlo, a su ministerio correspondiente le corresponde por ley y por responsabilidad ética. (O)
