El día de ayer en un medio de comunicación televisivo de alcance nacional y de señal abierta, se difundió un reportaje cuyo título implícito gravitaba a lo largo del mismo: “Futuro Hipotecado”, el cual hace referencia a la situación por la que están atravesando cerca de 6000 personas quienes, actualmente, o están en proceso administrativo coactivo para con el Estado por concepto de crédito educativo impago y en mora, o, están por entrar en dicho proceso. No son 6, no son 60, no son 600, ni siquiera son 6000. Son más de esa cifra; si consideramos a sus familias e inclusive a personas ajenas al entorno familiar, al momento de que aquellas personas, al puro estilo de buenos(as) samaritanos(as), buscaron y buscan aliviar la carga y prestarse para asumir la calidad de garantes de las y los deudores de buena fe. Lo cierto es que son más de 6000 personas quienes se encuentran en una odisea, con un rumbo sombrío y para nada esperanzador; odisea donde es el propio Estado, a través de la SENESCYT (ente estatal a cargo de liderar la política pública en materia de educación superior) quien activa la vía de excepción (al tener la competencia del procedimiento de la ejecución coactiva) para que las operaciones de crédito educativo que se concedieron se honren, pero, simultáneamente, es este mismo Estado quien se muestra poco empático y hasta poco sensible e indiferente ante los dramas humanos. Sí, señoras y señores, estamos hablando de dramas humanos, porque las y los afectados son personas. Pero, existe la génesis de todo esto. ¿Cuál es? La propia ilusión creada por el Estado, y “consumida” por quienes creyeron en un ofrecimiento que resultó, más que ilusión, una seductora utopía.
¿Qué ocurrió? En síntesis, la idea fue buena, pero en el camino se perdió el rumbo. Años atrás, en una determinada administración gubernamental, se pensó acertadamente que una de las herramientas para salir del subdesarrollo era -y es- el fortalecimiento del talento humano, cognitivamente hablando. Se partía del hecho de que existen personas con talento, o con deseos de adquirir conocimientos y superarse, pero las brechas de ingresos en el sector real de la economía (los hogares) convertían esos anhelos en únicamente sueños. Ante ello, el Estado, conforme su naturaleza (la de resolver nudos críticos sociales, alineados a un determinado plan como nación), ofreció una solución: acompañamiento financiero para quienes por situaciones básicamente económicas no puedan acceder a realizar estudios de tercer y cuarto nivel académico, a cambio de que, al finalizar estos estudios, los beneficiarios aporten con lo aprendido y asimilado en el país, y para el efecto el propio Estado debía ser quien gestione la colocación de las y los profesionales en el sector laboral, principalmente público, sin excluir el entorno privado. En otras palabras, el Estado ofrecía el dinero que se requería para formación académica de grado o posgrado (ingenierías, ciencias de la tierra, ciencias de la salud, etcétera) con la condición de que los graduados aporten a la sociedad ecuatoriana a través de prestar su contingente laboral para el país durante un lapso de tiempo determinado. ¡Suena maravilloso! Bueno, en la práctica sólo resultó una retórica que encantó a los oídos y a los ojos de las ecuatorianas y los ecuatorianos.
A la fecha, ¿Qué se tiene? ¡Problemas!
Por un lado, usted tiene a un ‘pull’ de personas con estudios (y una buena parte graduadas y graduados) que son parte del equipo de ‘las y los desempleados’, juzgados y sentenciados a vivir en carne propia el tormentoso proceso administrativo coactivo (que no es para nada agradable), donde se siente todo el peso del Estado a través de medidas cautelares duras y radicales, por citar la retención de valores por orden judicial (bloqueo e inmovilización de dinero en productos financieros, generalmente una cuenta de ahorros. ¿Es grave? Bueno, piense usted en una persona que “pecó” al creer en el Estado al solicitar un crédito educativo para realizar estudios de posgrado, al verse abandonado por ese mismo Estado cuando este no cumplió con el ofrecimiento de colocación laboral, pero sí le exige, de forma reiterada, la cancelación del crédito educativo concedido; y, ante el no pago de la operación crediticia educativa, no por una negación dolosa sino por una sincera imposibilidad propia de las circunstancias, y agravada por la vigente situación laboral, social y económica, el Estado persigue y acorrala a la deudora/deudor y le penaliza, generando así que si la deudora o deudor se encuentre privado, incluso de lo que legítimamente le corresponde. Por ejemplo, si una deudora o deudor, desempleada o desempleado, llegare a recibir en su cuenta de ahorros un ‘dinerito’ de algún familiar o amistad “para la papa” (alimentación), o, logra conseguir un empleo (donde usualmente le exigen más tareas frente a lo que en justicia le corresponde) cuyo pago transferido a su cuenta de ahorros no representa un valor decente y justo, pero es mejor que nada; en uno o en ambos casos, la deudora o deudor no puede retirar el dinero que fue directo a su cuenta de ahorros. El motivo es que está en la “prisión” coactiva, donde su dinero está inmovilizado.
Por otro lado, usted tiene un aparato estatal que se empeña en que las operaciones crediticias por concepto de créditos educativos sean honradas. ¿Es un error? ¿Es ilegal? ¡De ninguna manera! No obstante, ¿Es legítimo? ¿Es deseable? ¿Es tan simple decir y actuar conforme la “máxima”: tan solo hay que cobrar: quien puede, que pague; quien no puede, le asfixiamos administrativa y legalmente hablando? Al respecto, en la SENESCYT es común que la respuesta que usted encuentre sea propia de quienes son extremadamente inclinados(as) al legalismo: “… la Ley dice tal cosa, y eso hay que hacer”; “… la salida suya (como deudora/deudor) es que consiga un garante con capacidad de pago”. En suma: ante el problema, la “salida” estatal es invitar a otros(as) al problema.
A reglón seguido, por decencia debo aseverar que la problemática de quienes adeudan créditos educativos y se encuentran en imposibilidad de pago, tuvo una solución modesta; esta no fue la ideal, pero sí de gran respiro, y se dio en la administración del ex presidente Lenín Moreno. El artículo uno de la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria (LOSPT) estableció un régimen de remisión (condonación) total (100%) de intereses, multas y recargos para aquellas operaciones crediticias educativas impagas, disponía de un periodo de gracia de 12 meses, dejaba sin efecto las acciones coactivas, y ordenaba la depuración en la base de datos crediticia (eliminación de todo registro que hiciera alusión a crédito educativo impago y vencido). No obstante, este cuerpo legal surgió meses antes de la pandemia de la COVID-19, lo que ocasionó que no se aproveche el periodo de gracia, ni que la deudora o deudor pueda -contando con la gracia de la divinidad de- encontrar un empleo, que hoy en día en el país viene siendo un milagro. En esa línea, la Función Legislativa llevó a cabo una modificación legal (al Código INGENIOS) que, al día de hoy, no se ha mostrado efectiva: no ofreció periodo de gracia, no ofreció remisión, ni siquiera parcial, ni menos buscó reivindicar el ofrecimiento estatal de colocación laboral de las deudoras y deudores. No. De hecho ni se pensó en los intereses que van subiendo (cuyo monto no es cualquier pelo de cochino). Lo único que la Asamblea Nacional impulsó fue que se tenga en consideración una tabla a efectos de que se soliciten, por parte de la deudora o deudor, facilidades de pago; tabla que, en función del monto adeudado, se tiene un lapso de tiempo máximo para el pago del crédito educativo impago y vencido. Estimo que aquello fue una medida más política que de auténtica búsqueda de brindar oxígeno a quienes hoy la están pasando mal.
A todo esto, y al “digerir” el reportaje televisivo, pensaba: ¿Y por qué sí la condonación total a quienes mantenían operaciones crediticias impagas en BAN ECUADOR, y por qué no a quienes mantienen operaciones crediticias educativas en SENESCYT? Al fin de cuentas, y sin pretender desmerecer, mayor importancia e impacto en el trabajo a largo plazo para el progreso social tiene la inversión en educación que la inyección de dinero en actividades que, tal vez, no se destinaron para potenciar emprendimientos sino para el consumo (especialmente el suntuario). Atención: no asevero que tal situación se ha dado en todos los casos. Pero la lógica me indica que puede ser, como también que no lo sea.
De nuevo: ¿Por qué sí, en algunos casos y no en otros? El Estado se muestra indiferente ante la situación de quienes hoy son deudoras y deudores de buena fe en materia de créditos educativos, a decir de sus voceros, y de varios de ellos(as) quienes han manifestado su voz, tanto en el propio reportaje televisivo como a través de sus cuentas en redes sociales. Para ilustrar, la situación es tan compleja que hoy, quien se encuentre cargando consigo un proceso administrativo coactivo está llamado a: llegar a un acuerdo (si es que lo logra) con su empleador(a) para que su remuneración (sueldo) sea cancelada fuera del sistema financiero (para que los valores no queden retenidos); está excluído(a) de ser sujeto de crédito ante cualquier casa comercial (ni siquiera estamos hablando de entidades financieras) para adquirir una “bendita dora (licuadora, por explicitar), ya que está en el famoso “buró de información crediticia”. De esa manera, con esta pesada cruz, la deudora o el deudor ha arrastrado a quien, para ayudarle en la carga, se prestó a ser garante, ya que también se vuelve parte del procedimiento administrativo coactivo, sin haberlo deseado. Dolor. Desesperación. Drama humano. Nula empatía. Y la voz que escuchan quienes claman día a día al cielo pidiendo una respuesta es: “o paga o sigue la condena”.
Quienes vivimos la situación interiorizamos y expresamos a viva voz: fuimos parte de un ofrecimiento que jamás llegó. Nos arrastraron a un escenario que ha causado sufrimiento, sueños frustrados, enemistad con quienes se han prestado como nuestros(as) garantes, y a estar subsistiendo en las sombras. Llanto, malestar, situaciones de estrés y crisis familiares son los rasgos comunes en las deudoras y los deudores. Es un anhelo al buen Dios que el reportaje televisivo implícitamente titulado “Futuro hipotecado” tenga oídos en el aparataje estatal para que se cristalice una “mano extendida”, similar o mayor a la que se dio en la administración del ex presidente Lenín Moreno. Como me diría mi confesor jesuita: “el resto ya es de Dios y de quien escucha”. La certeza está en que (el Estado) al seguir desoyendo a quienes la estamos pasando mal equivale a condenarnos a una “cadena perpetua” (al menos nacional) donde estemos marginados del sistema financiero, donde los créditos directos sean una expresión prohibida de pensarla, y donde la opción sea migrar al exterior para “sacarnos la madonna”, honrar la deuda y, con nostalgia y lágrimas en los ojos decirle al país: “No te volveré a ver Ecuador, ya que la poca acción estatal me obligó a abandonarte”.
