Todas las encuestas de opinión y la abrumadora mayoría de los sentires que se vierten en público y privado, coinciden en la muy baja estima que la población siente hacia nuestros políticos.
Los políticos (y en especial los de elección popular) son vistos como corruptos, ineptos y poco preparados. Recurrentemente la ciudadanía se ve invadida de la exigencia de que “se vayan todos” o de implementar represalias y controles oprobiosos sobre un grupo humano al que, desde ya, se presume delincuente e incompetente.
Esto no es nuevo: hace ya muchos años que esta es la imagen del político. Periódicamente se intentan depuraciones, cambios legales, reformas institucionales, que tienen el objetivo de subsanar estas deficiencias, pero al cabo de poco tiempo puede constatarse que nada cambia, ni en la conducta de los aludidos ni en la poca estima de la que gozan.
Sin embargo, en todo este debate, pocas veces se discuten los criterios y estándares objetivos con los cuales deberíamos evaluar a los servidores públicos.
Por ejemplo, cuando se lamenta la poca productividad de los agentes estatales, nunca se proponen pautas objetivas mediante los cuales podríamos formarnos juicios sustentados al respecto. Incluso cuando rasgamos vestiduras por la generalizada corrupción, no siempre queda claro, en contrapartida, cuáles deberían ser los patrones de conducta exigibles de un político honesto.
Con frecuencia, la sensación de deshonestidad no dice relación solamente con el no cumplimiento de la ley, sino sobre conductas que, sin ser delictivas, los críticos aprecian como “inmorales” o “poco éticas”.
Lo más complejo es que, con mucha insistencia, esas mismas conductas consideradas impropias son las que los propios electores y clientes exigen bajo cuerda, y que, de no ser cumplidas, revierten en una pérdida de apoyo electoral. Se espera exactamente lo contrario de lo que se proclama en público y se lamenta vocingleramente lo que tras bastidores se reclama. (O)
