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Maria Paz Jervis

Participación política en igualdad: un camino espinado

15 de marzo de 2021 00:00

Soy una convencida de que la acción afirmativa, traducida en leyes de cuotas para favorecer la incorporación de las mujeres en la vida política, es una medida necesaria. Pero así mismo no es suficiente para alcanzar la paridad en la representación política.

Las recientes reformas al Código de la Democracia que regularon por vez primera el proceso electoral de febrero 2021 nos dejan algunos elementos de análisis y más adelante cuando tengamos todos los datos podremos llegar a conclusiones.

Las principales reformas que entraron en vigencia se traducen en tres que detallo a continuación:

En primer lugar, se pasó del método de asignación de escaños D'Hondt al método Webster, esto quiere decir que se garantiza el derecho de las minorías a participar en igualdad de condiciones. En otras palabras, no es basta con una asignación de escaños directa contabilizando los votos, sino que el mecanismo democrático procura que aquellos movimientos políticos que cuentan con menos votos también gocen de representatividad. Se trata de evitar la tiranía de la mayoría como planteó Alexis de Tocqueville y, posteriormente, Montesquieu. 

En segundo lugar, se pasó de listas abiertas a listas cerradas y bloqueadas. Es decir, que no se elige a personas, sino a las listas. En 1997 en una consulta popular se determinó que se pueda votar por las personas y no necesariamente por las listas. Eso generó varios problemas, por ejemplo, una afectación a la participación política de las mujeres. Conforme al imaginario vigente en la sociedad, que prioriza al varón como líder capacitado para la toma de decisiones, aquellas mujeres candidatas quedaban relegadas. Tenemos que reconocer que todavía existe una resistencia importante para elegir a mujeres a puestos de liderazgo. Tras esa experiencia, esta reforma apunta a que al votarse por la lista no se discrimine a las candidatas mujeres, por ejemplo, para la Asamblea Nacional. Del mismo modo esta reforma apunta a que se institucionalicen los partidos políticos, se favorezca al cumplimiento de la paridad y se cumpla con el principio de alternancia.

El tercer aspecto fundamental de esta reforma es la apuesta por la paridad, que se recogen en dos criterios. Por un lado, la incorporación de la violencia política como una categoría a la que se refiere la norma y que se puede denunciar ante el órgano competente que es el Tribunal Contencioso Electoral. Y, por otro lado, está la progresividad que se estableció para cumplir con los porcentajes de mujeres para encabezar las listas de las candidaturas. La reforma establece que para las elecciones de 2021 se deberá contar al menos con el 15% de listas encabezadas por mujeres; para 2023 alcanzar el 35%; y para 2025 el 50%.

Estas reformas legales sin duda han abonado a favorecer que más mujeres participen y se visibilicen en la actividad política. Sin embargo, la misma ley puede haber incurrido en vicios. Se ignoró que en años previos las listas encabezadas por mujeres superaron al 18% y establecer un mínimo de 15% como obligatorio es menospreciar los logros que ya se han alcanzado. Así como tampoco contempla qué ocurre con las alianzas y permite que cuando un partido político encabezado por mujeres se considere que se cumplió con la paridad.

Todo esfuerzo normativo para garantizar la paridad es importante pero más importante aún es que los movimientos políticos asuman el compromiso con la paridad de género y que la sociedad en su conjunto trabaje para eliminar las desigualdades históricas que tanto menoscaban la democracia.

 

 

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