Hace algunos meses, el departamento de investigación en finanzas y desarrollo del Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó un interesante documento en el que demuestra que los paraísos fiscales restan ingresos a los Estados del mundo, entre aproximadamente, 500 mil y 600 mil millones de dólares cada año. Además, estiman que un tercio de este valor corresponde a economías en desarrollo, y el 10% responde a actividades realizadas en actividades económicas ilícitas. Finalmente, se conoce que el 8% del total del patrimonio financiero de las familias en el mundo, está apostado en paraísos fiscales. En Estados Unidos y Europa, esta cifra asciende al 15%. La región de América Latina no es la excepción a esta regla, pero el elevado nivel de informalidad impide hacer cálculos precisos sobre el porcentaje de dinero invertido a través de sociedades offshore. ¿Por qué no hacemos algo al respecto? ¿Miedo? ¿Pereza? ¿Comodidad?
En realidad, a pocos les interesa. El 85% de corporaciones con dinero en paraísos fiscales son instituciones financieras con poder político dentro de varios Estados, o son empresas multinacionales. Lo cierto es, que a muchos de sus representantes les gusta hablar de libre comercio, pero no les gusta competir. La “financiarización” de la economía mundial a través de sociedades offshore ha disminuido el terreno de competencia para las pequeñas y medianas empresas, y ha contribuido con el “monopolization boost” de grandes corporaciones a través de la distribución de las cadenas de valor global en los estados con menor regulación financiera. Pero eso no es todo. Eliminar los paraísos fiscales no solamente debe ser un objetivo para frenar el “superpoder” de los conglomerados económicos y construir un capitalismo más sano y competitivo, sino que también debe serlo para combatir a los negocios ilícitos y al narcotráfico, que usan estos territorios “neutros de impuestos”, para guardar el dinero proveniente de la corrupción, la sangre y el dolor de otros.
Pero claro, en lugar de luchar contra algo que es evidente, la comodidad nos obliga a repetir dogmas del sentido común. Es más fácil hablar de planes de austeridad y ahorro del gasto público, para evitar la tediosa y complicada tarea de combatir la evasión fiscal. Es más fácil sólo hablar de corrupción, y así evitar la fastidiosa justificación del origen del dinero “bien habido” proveniente del “trabajo duro” en los mercados de especulación financiera. Es más fácil invocar lo que es legal, que practicar lo que es ético. Y en general, es más fácil repetir, antes que pensar.
Al igual que la corrupción, los paraísos fiscales les cuestan mucho a los países. Ambos males están estrechamente relacionados, y son propios de muchas élites económicas (paraísos fiscales) y élites políticas (corrupción), las cuales esconden, a través de discursos que legitiman el falso sentido común, un profundo deseo de evadir los principios éticos del comportamiento humano.
