La pandemia nos ha desmovilizado, nos ha obligado al encierro, la prudencia, a priorizar la vida familiar. En este contexto no es fácil activarnos desde la ciudadanía para ejercer la contraloría social; más cuando el Consejo de Participación Ciudadana ha olvidado sus competencias, entrampándose en intereses personalísimos de su Presidente, su carnet de discapacidad y las bochornosas sesiones zoom.
Sin embargo, involucrarnos en la gestión pública de la crisis requiere voluntad y organización; requiere destinar una parte de nuestro tiempo a la evaluación de gobernantes y sus decisiones, con responsabilidad, sin tinte partidista, sin contraprestación alguna y con el propósito de aportar.
Las veedurías son un mecanismo de participación que permite la mirada desde abajo, de los administrados hacia quienes administran los recursos estatales y diseñan la política pública. Son herramientas que complementan la democracia representativa en donde elegimos desde Presidente, Asambleístas, Alcaldes, hasta miembros de Juntas Parroquiales.
Por esta razón, la Fundación Contra la Violencia, institución que dirijo hace más de tres años, ha desarrollado el proyecto “Más democracia en tiempos de emergencia” que busca promover la contraloría social desde la mirada de activistas y líderes locales que observen las decisiones de sus alcaldes, señalen sus aciertos, sus errores y aquello que debe corregirse.
Así nacen los primeros procesos de veedurías a la gestión de la emergencia en la ciudades de Puyo y Cuenca, con el apoyo Instituto Republicano Internacional (IRI). Espacio de participación que busca cambiar la forma de relacionarnos con la autoridad y aportar a la construcción colectiva de ciudades.
Finalmente el ejercicio de la ciudadanía es más que el voto obligatorio y la papeleta de votación para trámites. Ejercer la ciudadanía es interesarnos e incidir en el desarrollo de las ciudades y el país que habitamos, es mejorar nuestra democracia. (O)
