La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió esta semana la emblemática sentencia en el caso de Paola Guzmán Albarracín contra Ecuador, estableciendo por primera vez, jurisprudencia vinculante a nivel regional, con respecto al deber de cuidado y protección hacia las niñas y niños en el ámbito escolar, especialmente el público.
El caso de Paola difícilmente es un hecho aislado. La violencia contra las niñas, niños y adolescentes en espacios donde se supone que deberían estar protegidos, es parte de nuestro diario vivir. Recordemos, por ejemplo, lo ocurrido en la academia AAMPETRA, donde 41 niños fueron abusados por su profesor, un tipo que difícilmente tenía título de bachiller, y que, sin embargo, fue encomendado con la tarea de cuidar y educar a esos niños. O el caso de las cinco gimnastas, que, tras dos décadas de silencio, denunciaron haber sufrido abuso por parte de su entrenador. O el caso de la niña que fue abusada por el sacerdote de la parroquia de Guápulo, donde recibía catecismo. O caso del cura Intriago, un sacerdote que engañaba a jóvenes para que incurran en actos sexuales para su satisfacción, disfrazándola de “dinámica contra el pecado”. Todos estos casos se hicieron públicos entre 2018 y 2019, gracias a redes sociales, medios de comunicación, y al trabajo de activistas y organizaciones sociales.
Pero hace 18 años, sin posibilidad de denunciar, y tras 24 meses de abuso por parte del Vicerrector del colegio, Paola decidió quitarse la vida ingiriendo “diablillos”. Su muerte fue la única manera de destapar la violencia que había sufrido, y de cuestionar algo que nuestra sociedad por muchos años ha creído normal.
Tanto hemos normalizado esta violencia, que hasta el mismo Estado, en su alegato de defensa ante la CorteIDH, no fue capaz “de aceptar ni negar que dicha relación fuera “impropia” o constituyera acoso sexual, o de otro tipo”. ¿Cómo calificamos entonces al hecho de que un hombre mantenga relaciones sexuales con una niña varias décadas menor? ¿No es impropio acaso que un vicerrector, abusando de su autoridad y del miedo de su estudiante, la saque de clases para llevarla a un motel? ¿Estaba quizás el Estado sugiriendo que, en algún caso, este tipo de incidentes podrían ser normales o legales? Desde ahora, y gracias a Paola y su familia, nunca más será esto normal. (O)
