Así se titula la Declaración de Londres, firmada el 29 de marzo de 2006, impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para constituir la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente. Esto como resultado de un problema estructural a nivel de la salud mundial, pero que para el caso del tercer mundo tiene gravísimas consecuencias sociales. Y es en Ecuador que este problema aparece siendo relevante solo cuando los medios privados o públicos dan cuenta de él, a propósito de cada caso de la llamada “mala práctica médica”. Es terrible que no sea un tema integral de debate nacional. Parece que cuando alguien es víctima es su familia la que reclama justicia y cuando deja de ser noticia todo pasa al olvido hasta que aparezca otro caso. Los gremios involucrados han sido solo reactivos, tratando más de defender su quehacer profesional y, a veces, buscando justificaciones que no tienen base médica, sino especulativa. Algunas veces, las familias demandan a los médicos y los casos quedan atrapados en un limbo jurídico. Es necesario desarrollar una normativa jurídica clara y coherente sobre la responsabilidad médica, y esto pasa porque todos los actores sociales participen de la elaboración de esa normativa. La propia dinámica de la medicina imposibilita que con la normativa dejen de pasar esos casos, pero sí el que exista claridad de procedimientos y que las familias de los afectados puedan saber al final qué ocurrió. Entonces, no se puede reducir a lo jurídico las negligencias. Pasa por un lento proceso de transformación del sistema público y privado de salud del país. Pasa por desmercantilizar la salud en todas sus fases. Pasa por mejorar todos los niveles de profesionalización. Ha habido una serie de reacciones ante el proyecto de Ley Orgánica de Responsabilidad y Mala Práctica Médica. Las reacciones en contra vienen de los sectores que sienten que es una ley fundamentalmente punitiva, pero a quienes ahora se oponen habría que decirles que su pasividad reactiva frente a las demandas de los afectados ha llevado a la formulación de este proyecto de ley. Hace algunos años la OMS impulsa una comprensión integral del problema que le lleva a la formulación de una doctrina de seguridad del paciente: Programas de seguridad y empoderamiento, diálogo constructivo de los actores, formulación de sistemas de base científica para el mejoramiento de la calidad de la atención de la salud, etc. El problema es complejo y grave. Se requiere una ley integral, que tampoco excluya lo punitivo frente a las negligencias comprobadas de impericia, imprudencia, inobservancia de procedimientos, etc.
Todos los involucrados deberán dejar de ser reactivos para combatir aquella práctica médica centrada solo en lo clientelar y comercial que atenta a la relación médico-paciente-sociedad y que, para colmo, son los sectores vulnerables los más afectados por este problema estructural.
