La vigencia de los derechos y libertades en un sistema democrático requiere un orden jurídico e institucional en el que las leyes prevalezcan sobre la voluntad de los gobernantes y los particulares, y en el que exista un efectivo control judicial de la constitucionalidad y legalidad de los actos del poder público. En este sentido, el rol que desempeñan los operadores de justicia es fundamental para hacer preservar el Estado de derecho y es indispensable que su independencia esté garantizada para asegurar el correcto funcionamiento de los mecanismos jurisdiccionales y el respeto al debido proceso.
Utilizo la noción de operadores de justicia para referirme a las y los funcionarios del Estado que intervienen en el sistema de justicia y desempeñan funciones esenciales para el respeto y garantía de los derechos ciudadanos. Desde tal perspectiva, me refiero entonces a jueces, fiscales y defensores públicos; siendo los primeros los principales responsables de lograr la protección judicial de los derechos ciudadanos, especialmente los derechos humanos, en un Estado democrático. En este contexto, y luego de la reforma del sistema judicial nacional, es importante recordar que reformar un sistema no implica exclusivamente la remodelación de espacios y la creación de otros tantos.
La independencia de los operadores de justicia no debe limitarse a restringir relaciones con las partes de un proceso, sino a evidenciar -en resoluciones, sentencias y desarrollo de procedimientos- que las decisiones jurisdiccionales y la sustanciación de causas se realizan sin influencias del poder Ejecutivo, Legislativo o intereses particulares. No se trata de emancipar a los operadores de justicia de otros poderes, porque aquello constituiría un reconocimiento expreso de su sometimiento a estos, sino de exigir de estos actuaciones efectivas que respondan únicamente a lo que un Estado de derecho y democrático demanda.
Es cierto que la formación de los operadores de justicia es importante para garantizar un ejercicio de funciones con mayor conocimiento, pero esto seguirá siendo un esfuerzo intrascendente si al momento de proceder sus acciones no son efectivas en la protección de derechos y la motivación de sus decisiones no proviene de la aplicación estricta del derecho sino de acomodos de la ley para satisfacer los intereses del poder Ejecutivo, Legislativo o particular, que incluye en su agenda la vulneración de derechos a través del sistema judicial, como si se tratase de un brazo ejecutor y no de un poder independiente.
Mientras el presidente del Consejo de la Judicatura insista en destacar a la remuneración de los jueces (tienen las mejores remuneraciones de América Latina) y los concursos de mérito y oposición como los aspectos principales para demostrar que el sistema judicial es independiente, seguiremos en espera de sentencias, resoluciones, actuaciones y procedimientos que efectivamente reflejen un sistema judicial libre y autónomo.
