El Decreto Ejecutivo 95, firmado por el Presidente Lasso, es una estrategia interesante y controversial para el sector petrolero en el Ecuador. Interesante, porque es una opción real para duplicar la producción petrolera en los próximos cinco años. Controversial, porque la medida abrirá paso a la inversión privada para meter mano en refinerías y gasolineras. En todo caso, será responsabilidad del Ministerio de Energía el generar medios transparentes de acceso del sector privado a la inversión petrolera, y promover procesos de licitación que incrementen la producción de barriles de petróleo, sin afectar a reservas naturales y a todas las áreas intangibles del Ecuador.
A pesar de haber firmado el Decreto 95, el camino para cumplir con los objetivos es todavía muy largo. En primer lugar, el Ejecutivo tendrá que plantear varias reformas en el funcionamiento de Petroecuador. Primero, será necesario establecer en Derecho Público, la posibilidad de la captación de nuevos recursos del sector privado, sin causar interferencia con los servicios tecnológicos que éste sector presta a Petroecuador, para la producción petrolera. En segundo lugar, es necesario realizar una reforma interna a nivel organizacional, para que la estructura de Petroecuador permita acceder a inversión privada de empresarios internacionales, a través de la venta de sus acciones en los mercados financieros. Finalmente, deberá transformar la naturaleza de varios contratos ya existentes entre el sector privado y Petroecuador, para que sean estas mismas empresas las que impulsen la producción ideal de 900.000 a 1 millón de barriles diarios en el país.
Pero, ¿Qué campos serán utilizados a inversionistas privadas? Sin duda, no todos.
Es importante diferenciar los campos eficientes de los no eficientes. No tendría sentido colocar en manos privadas los campos eficientes, y dejar en manos del estado a los campos menos eficientes. Esa decisión profundizaría la desigualdad, y dejaría aún más débil al Estado ecuatoriano, para atender otras necesidades sociales urgentes. El Ejecutivo deberá controlar de manera rigurosa la intromisión de empresas privadas que vean en Petroecuador una mina de oro de la cual puedan aprovechar. Sin duda, el impulso a la producción que puede dar el sector privado, deberá ser en los campos poco eficientes, y en los espacios menos rentables. El sector privado debe llegar a Petroecuador a sumar para todo el país, y no para concentrar riqueza producto de un recurso natural que nos pertenece a todos los ecuatorianos.
