“Reforma o revolución agraria, hay que hacerla y urgente” pide un columnista en este diario. Lo he estado sugiriendo desde el anuncio que el presidente Correa hizo a fines de mayo afirmando su “convicción y decisión política de ir hacia esa revolución agraria”.
Se entiende que se trata de una revolución agraria integral, no de un simple reparto de tierras. La tarea no es solo de juristas, involucra profesionales de todas las disciplinas junto a los actores campesinos, indígenas, montubios, afroecuatorianos, mestizos para un diálogo interdisciplinario, constructivo, solidario. Hasta los astrónomos pueden colaborar no solo por la influencia de fenómenos astrales, sino porque nos hacen ver la asombrosa pequeñez de la nave en que viajamos peleándonos a muerte, unos pocos pretendiendo apoderarse de los recursos para subsistir.
Me limito a una reflexión desde la Geografía y la Demografía, que hacen obvia la urgencia de una reforma agraria. Ecuador tiene un área fija: 256.370 km², cuya ampliación no es opción realista. 55,8% es de tierras con vegetación natural, bosques, manglares, páramos, o sea que la superficie agrícola es 48,2% de la cual solo 60,40% está bajo labor agropecuaria, según datos del III Censo Nacional Agropecuario que data del año 2000, o sea que la situación puede ser peor.
La superficie agrícola está conformada por unidades de producción agropecuaria (UPA) de diversos tamaños desde media ha, de las cuales 94,5% es de propiedad privada, 4,9% de propiedad comunal y 0,6% es de tierras de instituciones públicas. La propiedad privada presenta grandes distorsiones e inequidades. Al 63,96% de las UPA corresponde 6,53% de la superficie agrícola, mientras que las UPA mayores de 500 ha, 0,16%, controlan el 16% de la superficie. O sea que las reformas agrarias de los años 60 y 70 han quedado invalidadas.
Dado que la agricultura campesina debe tener la prioridad y que la agroindustrial no debe seguir avanzando por poner en peligro la soberanía alimentaria, de estas cifras se desprende la necesidad de una reforma agraria, como se prevé en la Ley Orgánica 2009, cuya aplicación está en mora de tomar el impulso debido. Entre tanto aumentan las bocas para alimentar. Los 14’306.876 habitantes de hoy se convertirán en 16’193.984 para 2020, según estimativos que merecen toda credibilidad.
Así, pues, que tanto por la observación de la geografía del país como por la dinámica de la población, resulta obvia la necesidad de atender a una distribución de la tierra con equidad para asegurar la soberanía alimentaria y la sostenibilidad ambiental.
