La situación penosa del manejo de lo público fue evidenciada por enésima vez en estos días con el caso de los USD 7 millones en medicinas caducadas y que fueron adquiridas desde 2012 por el Hospital Carlos Andrade Marín del Seguro Social. Esto develaría mecanismos fraudulentos y corruptela de funcionarios indolentes en perjuicio de los afiliados. ¿Será acaso una anormalidad solo de ese centro de salud?
Tan triste episodio muestra también la negligencia de servidores públicos ante las enormes necesidades en el campo de la salud, a quienes al parecer no les importa un ápice la vida de los enfermos.
Además, este escándalo descubre otros elementos favorecedores de lo irregular y corrupto. Son evidentes la ausencia o inutilidad de planificación en la provisión de medicinas, algo básico para dimensionar por una parte, necesidades y, por otra, recursos para adquirirlas; manejo de procesos sin empleo de tecnologías y programas para facilitar la gestión, lanzar alertas y transparentar el accionar, en este sentido, los avances técnicos pueden ser aliados para exterminar el latrocinio; otro factor para que las prácticas corruptas florezcan es la carencia de leyes idóneas junto con la impunidad y politización de la justicia.
Precisamente, se acaba de firmar el Plan Nacional de Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción, involucra 14 instituciones de la Función de Transparencia y organizaciones sociales. La problemática de la corrupción es integral, copa lo público y lo privado, para la solución ha de pensarse en una estrategia de similar alcance y dificultad.
El plan referido debe ser puesto en práctica y lograr resultados tangibles, para lo cual habrá que ajustar leyes, por lo que la Asamblea Nacional tiene en esto un rol propio. Todo el esfuerzo ha de conducirnos hacia los responsables y su sanción, recuperar lo robado y bloquear los mecanismos del latrocinio. En fin, nuevos bríos para enfrentar un grave mal de nuestro tiempo. (O)
