Como toda crisis, nuestra crisis no es culpa de nadie y es culpa de todos. Nadie en su sano juicio político sale a asumir su responsabilidad dentro de los problemas económicos. Es más que la lógica universal casi clientelar del político moderno; son difíciles de probar las relaciones causales en la compleja amalgama de variables que componen la economía de un Estado. Y cada uno termina usando el acercamiento al (de)crecimiento económico del estado que más le favorezca: “fue gracias a nuestra política” frente a “crecimos con la región”, “es culpa de las externalidades” frente a “es culpa del mal manejo”, y así.
Mucho de lo que ha salido de este debate es una alternativa neoliberal al actual modelo. Una alternativa que reduce la capacidad del Estado, privatiza los servicios, modifica los bienes públicos, y prioriza la multiplicación del capital, esperando que algo caiga al resto. El problema mayor es que, ya por mucho tiempo, es el mismo gobierno el que ha empujado la alternativa.
Ya pasó el ciclo mediático de la “restauración conservadora”, pero la restauración conservadora no ha pasado. Es el producto de esa contradicción interna que se ha generado dentro de AP, y donde el Presidente, como voto dirimente y cuello de embudo de las decisiones, ha decantado en un modelo desarrollista, primario-exportador (que ya éramos), que está optando por la salida más neoliberal.
Está el oro ecuatoriano que “pusieron a producir” en Goldman Sachs. Goldman Sachs es la epítome de todo lo que anda mal con el capitalismo, el banco que generó ganancias durante la crisis financiera del 2008. Está la firma de un tratado de libre comercio con la Unión Europea que aunque le pongan cualquier otro nombre (i.e. acuerdo comercial), sigue siendo un TLC, entre dos continentes donde todavía no existe un trato simétrico de sus ciudadanos, y que viene cargado con todas las particularidades genéricas de este tipo de tratados. Son, al final del día, vehículos para que la periferia se convierta un poco más en proveedor de materia barata, y el centro continúa su trayectoria de desarrollo. Y no olvidemos las cláusulas de propiedad intelectual. Todo esto, complementado con nuevas conversaciones con el FMI. Ese, el cuco de la “larga noche neoliberal”.
A esto se le suma las nuevas propuestas desde el Ejecutivo. La posible venta de las gasolineras de Petroecuador tiene más que un tinte privatizador. El argumento de la “competencia desleal” no es justificativo suficiente para un bien cuyo incremento afecta, como todo, particularmente a los más pobres. Porque la gasolina de gasolinera subsidiada es solo el producto de un modelo primario-exportador que no se compondrá cortándole las puntas. Y luego están las alianzas público-privadas, cuyo modelo está más enfocado en incentivar a los grandes capitales antes que a los PYMES, proveyendo de ganancias sobre las plusvalía de trabajadores capacitados con el impuesto de todos, menos de las empresas inversoras (por las exoneraciones que se contemplan), lo cual es, al final del día, la doble apropiación de trabajo.
Esto no contempla las otras políticas sociales que desentonan con el discurso “progresista” del partido: el Enipla y su modelo de abstinencia, la posición sobre el matrimonio y los derechos de la comunidad LGBTI, y la nueva política de guerra a la drogas. Todas medidas que afectan, precisamente, a los más pobres y los grupos más vulnerables, no solo económica, sino socialmente.
Nuestra solución a la crisis parece estar muy alejada del buen vivir.
