La disputa entre el Municipio de Guayaquil y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) es un microcosmos del estado general de las relaciones entre el poder y la ley. Porque si algo queda de esta disputa es que, en casi 40 años de democracia, seguimos viviendo en un país donde todo tipo de poder está más allá del bien y del mal.
En 2011, el INPC declaró a la piscina pública municipal de Guayaquil como un bien patrimonial, aunque en realidad no es municipal y el estado en el que estaba apenas la calificaba de piscina. Pero fue declarada un bien patrimonial, y la ley contempla la conservación de los bienes patrimoniales, muy a pesar de cualquier “proyecto de desarrollo” local. En 2016 el INPC emitió la Resolución N° 021-2016, donde se daba paso al diagnóstico arqueológico de la estación de Aerovía de Durán.
El Municipio de Guayaquil utilizó esta resolución como sustento jurídico para demoler la piscina pública municipal y continuar la construcción de la estación de la Aerovía. Ante esto, el 6 de febrero, el INPC inspecciona el sitio y emite el oficio N° INPC-DR5-2018-0029-O, donde se entrega un informe técnico que recomienda la conservación y restauración de la piscina municipal y que se integre al proyecto de la Aerovía, a través de una propuesta museográfica.
Aquí es cuando la cosa se pone penosa. Aprovechando los días de carnaval, los encargados de la obra terminaron de demoler la infraestructura alrededor de la piscina. Ante esto, el juez Ítalo Zambrano da paso a un recurso para paralizar la obra. El alcalde Nebot, más allá del bien y el mal, dijo: “Estamos obligados a no acatar la decisión del juez. No solo por inmoral sino porque es inconstitucional”. Hace una semana, la jueza Vanessa Wolff resolvió dejar sin efecto las medidas cautelares. Andrés Ortiz, asesor jurídico externo de la ATM, enfatizó que, ante la decisión de la jueza, “la Aerovía sigue con todas sus consecuencias”.
En el transcurso de esta trama se demolió un bien patrimonial de 1929 porque el desarrollo deja muertes colaterales. A pesar de la prohibición de hacerlo (para demoler el bien, no para paralizar para siempre una obra), y se lo hizo cuando todos estaban de vacaciones. Luego el Alcalde de Guayaquil se puso por encima de la ley y la Corte Constitucional, el Estado de derecho, y cualquier persona o institución que ose cruzarse en su proyecto (político).
Extrapole esto a cualquier disputa política y podrá observar que nuestros animales políticos son, más que nada, animales de costumbres… con todas sus consecuencias. (O)
