El 16 de diciembre de 1993 mientras un escuadrón del Ejército Ecuatoriano custodiaba el sector conocido como la Peña Colorada, en el territorio de la frontera norte con Colombia, cientos de milicianos, embistieron a los compatriotas con un saldo fatal: 9 fueron asesinados, 5 resultaron heridos, 24 desaparecieron y apenas 11 sobrevivieron después del ataque recibido por sorpresa, mientras regresaban a bordo de 7 lanchas al cumplir con un patrullaje de rutina al norte del Puerto El Carmen en el Río Putumayo.
El entonces presidente de la República, Sixto Durán Ballén, declaró un luto nacional y ofreció dar caza a los responsables de la masacre y del secuestro de los compatriotas. Inmediatamente, la Cancillería de Colombia emitió un comunicado solidarizándose con el Ecuador y ofreció colaborar con el Gobierno Nacional. Lo mismo sucedió con el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Peter Romero, quien ofreció su ayuda, a nombre el Gobierno de su país, para combatir al narcotráfico, el terrorismo y la guerrilla. ¿Todo esto nos suena familiar hoy?
El alto mando militar sospechaba que detrás del ataque estaba la disidencia de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, disuelta 2 años antes, en 1991, y que fue una confederación de guerrillas que buscaba unificar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), al Ejército de Liberación Nacional (ELN), al Ejército Popular de Liberación (EPL), al Movimiento 19 de Abril (M19), al Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL) y al Partido Revolucionario de Trabajadores de Colombia, todos de tendencia estalinista y que buscaban instaurar un nuevo gobierno en Colombia. Se creía que el ataque se dio por control territorial y robo de armas.
Hoy, en menos de un mes sufrimos la pérdida de 7 ecuatorianos asesinados por el terrorismo ideológico. Pero ¿esto es reciente? Las disidencias se aseguran de que no lo sea. (O)
