Cargado de culpas y de cadenas, el ex dictador de Panamá, general Manuel Antonio Noriega, acaba de ser repatriado para ser sometido a proceso por sus múltiples crímenes, luego de permanecer preso veinte años en Estados Unidos y dos en Francia. Su edad, 77 años, no le librará del hacha de la justicia, dado que el pueblo panameño está movilizado con ardor para que se le juzgue y sancione con dureza por la enorme cuota de vidas, sufrimiento y dignidad que le arrancara el tirano bajo la protección de Washington, a cuyos designios sirvió Noriega varias décadas en calidad de agente de la CIA, generosamente pagado con 100 mil dólares anuales.
Confiado en este antecedente, habiendo sido reclutado para esta central del espionaje y el terrorismo cuando George H. Bush, el padre, fue director de la misma, un día el dictador alardeó ante sus áulicos: “A Bush le tengo cogido por los huevos”. Incapaz de tumbarlo en varios intentos, cuando Noriega se convirtió en estorbo y fruta podrida, el viejo Bush, ya de Presidente, ordenó la invasión a Panamá que costó miles de muertos en los barrios pobres, y capturó al hijo réprobo del Imperio. Ahora le espera la humillación, la agonía y la muerte.
Pero Noriega no solo tiene cuentas pendientes con Panamá. Las tiene con la humanidad toda y, dentro de ella, con la República del Ecuador. Con nuestro pueblo acarrea tres deudas de bulto: la primera, el asesinato del presidente Jaime Roldós Aguilera; la segunda, la captura en Panamá de Arturo Jarrín, dirigente de Alfaro Vive Carajo, y su entrega con vida a León Febres-Cordero, en cuyo gobierno fue asesinado; y la tercera, el paquetazo de drogas colocado en Panamá en el carro de Abdalá Bucaram, con la consiguiente prisión y difamación de este líder político, mediante el macabro plan Febres-Noriega. Sobre todo ello hay vasta información, comenzando por las revelaciones hechas por el periodista norteamericano Seymour Hersh en la revista Life, marzo de 1990, las varias entrevistas y el acopio de datos de nuestro libro “Operación Gavilán”, 1992, y las amplias investigaciones realizadas y publicadas hace poco por la Comisión de la Verdad designada por el presidente Rafael Correa. Esto amén de lo que pueda extraerse de las abundantes diligencias de las comisiones parlamentarias encargadas de investigar estos asuntos, particularmente el magnicidio en que pereció el presidente Roldós.
La oportunidad de esclarecer estos siniestros capítulos de nuestra historia está a la mano. Todo depende del Gobierno y de la Asamblea Nacional para tomar cartas en el asunto, de la Comisión de la Verdad, de los dirigentes del AVC que forman parte del Gobierno, de los organismos de derechos humanos y, en general, de cuantos tengan conciencia de patria. En el Ecuador, que el 28 de enero próximo conmemorará los 100 años de la Hoguera Bárbara, procurar que estos crímenes del ex dictador Noriega sean juzgados y sancionados debe ser parte inexcusable de la lucha contra la eterna impunidad.
