Hay un respetable sector de académicos, analistas y periodistas que impulsan la anulación del voto en la elección para integrantes del Consejo de Participación Ciudadana el 24 de febrero. Otros sostenemos que anular el sufragio atomizará el voto crítico al correísmo y le dará esa ventaja en la competencia; que se correría el riesgo de elegir y luego posesionar a un Consejo repleto de clientes correístas, y que estos nombren autoridades afines a la revolución, pavimentando la vía para el regreso autoritario.
Esta es una elección de cargos unipersonales, clasificados horizontalmente, y por tanto ocuparán escaños sin una fórmula de asignación. Esto sugiere que cada voto, de cada elector, se multiplicará por 7, en lugar de fraccionarse por 7 porque esta no es una elección celebrada entre listas.
Pensemos con lógica, en las actas de las juntas, tras celebrarse las elecciones, ¿se contarán los votos de séptimos en séptimos? No, se contará de uno en uno, con lo cual un voto, de un solo votante, equivaldrá a siete. Con este vacío legal, jamás se podrá superar a los votos válidos de los 43 candidatos para los 7 puestos. Si se multiplican, ¿cuántos puede haber en total? Sí, millones.
Los nulos y blancos, aunque legítimos, no se contabilizarán en el conteo general, ni se fraccionarán o multiplicarán, será como abstenerse de votar, y perjudicarán a los candidatos autónomos.
Por eso es urgente no anular el voto y promover el voto consciente porque, de celebrarse una consulta popular y al abolir este órgano absurdo, serán los nuevos consejeros quienes perentoriamente viabilicen la extinción del mismo Consejo, la elección por última vez de las autoridades de control que faltan y el tránsito a un nuevo sistema en donde sus atribuciones sean redistribuidas.
Acabemos con este debate enriquecedor, pero innecesario, votemos por alguna opción válida y exijamos una consulta popular para sepultar de una vez el último resquicio que les queda a los abusivos de volver al poder. (O)
