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Christian Gallo Molina

“No basta ser honrado: hay que demostrarlo”

04 de abril de 2021 00:00

El año de 1992 fue desastroso para la justicia italiana. Los dos pilares de la lucha antimafia fallecían, con apenas meses de diferencia, en espectaculares atentados que costaron la vida de varias personas inocentes en un marco de violencia ante el cual la joven República, poco o nada podía hacer.

Sin embargo, “los hombres pasan, las ideas quedan y continúan caminando en los pies de otros hombres”. El ejemplo de Falcone y Borsellino, despertó en muchos –me incluyo en ello-, el vehemente deseo de protesta contra aquello que evidentemente era incorrecto, y ante lo cual la justicia, ciega y temerosa por naturaleza, se resistía a actuar.

El principio de presunción de inocencia, base del debido proceso judicial, es uno de los límites a la brutalidad propia del poder punitivo estatal. En un proceso penal, el acusado se encuentra en una situación desfavorable que lamentablemente produce desconfianza en la colectividad y por ende, genera un juicio anticipado por parte de ésta. De ahí que el Estado, tratando de equiparar la situación del procesado, establezca a la presunción de inocencia como el baremo a superar.

Esta consideración, tan propia del Estado de Derecho, ha servido para que, en la mayoría de las ocasiones, se evite el prejuicio social de culpabilidad en pos de un juicio justo. Sin embargo, también se ha ofrecido como un recurso político a fin de que personas claramente vinculadas en hechos de corrupción se escuden en él, evitando repercusiones en el plano político.

La politización de la justicia y la judicialización de la política son el mal de toda República: mezclan dos ámbitos que tienen herramientas diferentes y un carácter solemne distinto, afectando a la par su efectividad y eficiencia. Así, hemos visto como a través de la justicia se han perseguido objetivos claramente políticos, pero también hemos sido testigos de cómo la justicia ha servido para impedir repercusiones políticas necesarias contra sujetos que claramente las merecían. En tal sentido hay que recordar que lo jurídico y lo político son distintos y por ende sus consecuencias.

Paolo Borsellino, en uno de sus últimos discursos expresó lo que muchos, por temor o recelo, hemos callado: el hecho de que un político, fuertemente cuestionado por actos de corrupción no haya sido condenado por la justicia, no quiere decir que este sea un hombre honrado. Hay que tomar en cuenta que los tribunales solo juzgan verdades procesales mas no verdades materiales. Por todas las consecuencias que conlleva el Derecho penal, la certeza judicial debe dejar lado las sospechas y optar siempre por la verdad por correspondencia. Sin embargo, no todo se agota en el ámbito penal, pues no nos podemos quedar en la larga espera de una decisión judicial cuando las circunstancias son evidentes y por ende requieren una respuesta política. Al César lo que es del César.

Borsellino y Falcone, conocedores de lo solemne y lento del proceso judicial, murieron exigiendo una respuesta por parte de los actores políticos de su tiempo. Sin embargo, y al igual que hoy, muchos prefirieron callar y otros tantos prefirieron escudarse en una falaz concepción de democracia argumentando que “solo la justicia decidirá”.

La pregunta en tal sentido es ¿cuánto más debe suceder para que los actores políticos tomen decisiones políticas y no se escuden en el ámbito de lo jurídico? En el marco de los escándalos de corrupción que tristemente nos asedian en el último tiempo, es necesario recordar al ámbito político las sabias palabras de quien murió despedazado por un coche bomba mientras trataba de que la justicia alcanzase a una esfera política corrompida por la mafia: “No basta ser honrado: hay que demostrarlo”. (O)

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