Necesidad de una agenda democrática

- 08 de noviembre de 2017 - 00:00

Frente a las dificultades del presente y crítico momento, de confrontaciones y acciones politiqueras, afanes permanentes de grupos de poder de volver al pasado de prebendas, abusos, imposiciones y sometimiento, ¿qué anhela la gente? ¿Y qué necesita el país? La inmensa mayoría reclama el cese de pasiones y afanes obstruccionistas; que se superen las broncas, se consoliden conquistas, se logren acuerdos para sortear las dificultades económicas, sobre todo en lo fiscal-financiero y tributario. Que se cumplan los programas que la mayoría del pueblo apoyó en las pasadas elecciones; que se ejecuten los programas clave, como ‘Toda Una Vida’ y su principal proyecto ‘Casa para Todos’.

La gente quiere que se deje operar al gobierno democrático; que se ajuste la institucionalidad creada en la Constitución e insuficientemente ejecutada, sobre todo en el ámbito del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), directamente vinculado a su integración, métodos de selección y trabajo, controles y participación popular, rendición de cuentas y evaluación del manejo de los recursos públicos, ejecución de planes y programas; es decir, la evaluación de las políticas y gestión pública para introducir los correctivos pertinentes.

La inmensa mayoría quiere desterrar las prácticas politiqueras y divisionistas de dirigentes que, en forma ilegal e ilegítima, así como prepotente y abusiva, ‘deciden’ despojar de su condición de presidente de AP, elegido en una convención nacional, a Lenín Moreno, sin el debido proceso; y, a la par, que la Comisión Nacional de Ética investigue y sancione. Es decir, primero juzgan y sentencian y luego piden investigar. Por fin, se ‘despoja’ del cargo a la presidencia de la Comisión Nacional de Ética, también nombrada en convención por el mayor movimiento político nacional que, como se sabe, ha ganado 15 elecciones consecutivas y cuenta con unos dos millones de adherentes permanentes y simpatizantes que están demostrando su decisión de reestructurarlo y democratizarlo para avanzar y consolidar, con los ajustes del caso, el proceso iniciado en 2007, que ha logrado importantes cambios y afianzado conquistas en beneficio de las mayorías, en todos los ámbitos.

Por ello, la gente quiere que se superen democráticamente los problemas, se aproveche la enorme infraestructura construida; se consolide la soberanía y dignidad nacional recuperadas, se profundice la política internacional de paz, se amplíen los procesos redistributivos de la riqueza y del ingreso. Que se afiancen las reformas en los ámbitos de la educación (en especial, el universitario) y salud pública, que se organicen planes permanentes de lucha contra la corrupción y se sancione a los corruptos de todos los tiempos.

Por lo anterior, el país necesita y exige la convergencia, con base en una agenda democrática compartida de las fuerzas democráticas, políticas y sociales, gremios de trabajadores, campesinos y agricultores, transportistas, juntas parroquiales, comunas y recintos; organizaciones de indígenas, montuvios y afrodescendientes de jóvenes y mujeres, intelectuales, militares y policías. Todo esto exige desprendimientos, consensuar con el Gobierno; participación plural de todos los creadores, actores y apoyadores de la RC. De AP, ABA, PCE, PSE, COS, FEI, trabajadores públicos, maestros, jubilados y otros.

Por esto y más, hay que apoyar con acciones compartidas para el éxito de la consulta popular y luego ejecutar lo que el pueblo decida, con amplitud democrática y pluralismo, una ruta crítica bien trazada, crear -ojalá que con la mayor unidad posible- la organización política que se corresponda con estas demandas y se cumpla la agenda que, con consenso, Gobierno y fuerzas democráticas deben diseñar. (O)