La vieja partidocracia utilizó en el 30-S a algunos miembros de la Policía Nacional para la intentona golpista que ensayó y a la que adhirió un sector reducido de las FF.AA, de la rama de la FAE, que se ‘tomó’, en apoyo, por unos cuantos minutos, el antiguo aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. El pretexto fue de carácter administrativo y de tipo salarial.
Todo el trasfondo político quedó al descubierto, se develó la conspiración y se derrotó a los golpistas, con el lamentable costo de algunas vidas humanas.
Para ese entonces, el Comando Conjunto de la época, presidido por el Gral. Ernesto González, de dudosa conducta, demoró un pronunciamiento, el que además estuvo acompañado de ‘recomendaciones’ improcedentes, de cierta forma condicionando al Gobierno, que lo conduce el Presidente de la República, a su vez Comandante en Jefe de las FF.AA., es decir, su más alta autoridad.
En ese entonces recordamos que la Constitución de la República, aprobada por la gran mayoría del pueblo ecuatoriano en consulta, establece con claridad meridiana en su art. 158 que ellas, al igual que la Policía, “son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos”, que las FF.AA. tienen como misión fundamental “la defensa de la soberanía y la integridad territorial” y que sus servidores “se formarán bajo los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos, y respetarán la dignidad y los derechos de las personas sin discriminación alguna y con apego irrestricto al ordenamiento jurídico”.
Además, en el art. 159 se establece que la una y la otra “serán obedientes y no deliberantes y cumplirán su misión con estricta sujeción al poder civil y a la Constitución”; así mismo que sus autoridades “serán responsables por las órdenes que impartan”.
No obstante, hace poco, con el pretexto de defender a malos oficiales involucrados en crímenes de ‘lesa humanidad’ en tiempos de gobiernos represivos se presentaron a la Fiscalía, para ejercer presión, los miembros del Alto Mando, lo que mereció dura crítica ciudadana.
Ahora nuevamente lo hacen, expresan inconsultamente su contrariedad por un asunto que compete al Ejecutivo, con criterio favorable de la Procuraduría, sobre un tema de carácter administrativo, asunto que tiene que ver con el proceso de venta de terrenos entre el Issfa y el Ministerio del Ambiente para la construcción del Parque Samanes, de utilidad popular para los habitantes de Guayaquil.
Bien ha dicho el Presidente de la República que en ninguna parte del mundo los uniformados dan declaraciones sobre temas administrativos; además, que el Estado entrega al Issfa $ 500 millones anuales, garantizando el pago de pensiones.
Por ello, releva de sus funciones al Alto Mando, lo que la ciudadanía ha respaldado categóricamente.
Es necesario indagar para establecer responsabilidades por este hecho que eventualmente puede estar vinculado a las actividades desestabilizadoras y conspirativas de sectores de la oposición ultraconservadora, que se vienen dando desde hace muchos meses, a la cual hay que definitivamente enfrentar y derrotar.
El pueblo está de acuerdo con que no se debe permitir que nada ni nadie manipule a los soldados ni al país. (O)
