Las “pensiones vitalicias” presidenciales del Ecuador vuelven a ser parte del debate nacional. En la ciudadanía ha causado disgusto, en su mayor parte, debido a que en la lista de los beneficiarios de esta “pensión vitalicia”, hay quienes no merecen estar allí precisamente por haber actuado de forma que -hasta ahora- han provocado solo decepción en los ecuatorianos (subrayando por situaciones de índole judicial).

También hay otras opiniones que afirman que el pretender modificar o eliminar los articulados de la Losep que amparan este beneficio tendría un impacto ínfimo: desembolso anual, frente al PIB (0,001 por ciento); y, frente a los 3.800” USD de déficit presupuestario previsto para este 2019 (0,02 por ciento). De ahí que, el fondo es otro.

En la presidencia de don Velasco Ibarra, el Legislativo mediante Decreto introdujo la figura de “pensión jubilar vitalicia”, en 1954 (y solo para los expresidentes), sobre la base de velar por el decoro de la patria a través de brindar recursos económicos suficientes a quienes condujeron la nación.

Si marginamos las modificaciones legales posteriores y nos quedamos con el sentido literal de la intención (mi ideal); quienes hoy son beneficiarios pero quebraron la Ley o se han vuelto a incorporar a la fuerza laboral (peor si tienen más de un empleo) no deberían gozar de tal beneficio.

El presidente Moreno dijo en entrevista a la Sra. Hinostroza que él sabe trabajar y no necesita de la misma. Dio el primer paso, sin haber caído en mis excepciones. ¡Admirable! Y, esa sensibilidad en los otros casos (más aún si caen en mis excepciones), ¿“Pa’ cuándo”? Dicho beneficio –no derecho– debe leerse como un mecanismo de transición a la vida privada, donde espera un merecido descanso por el desgaste y el esfuerzo.

¿Desea retornar a la fuerza laboral? Bienvenido, pero sensibilícese renunciando a su beneficio. ¿No hay sensibilidad? Legislativo activado para regular a todos: quien no cumpla requisitos, beneficio suprimido. (O)