Mujeres y violencia política

- 14 de marzo de 2019 - 00:00

En estos días Ecuador ha sido testigo de un hecho de violencia política contra candidatas al Consejo de Participación Ciudadana, ocurrido en una radio de Guayaquil, donde un expresidente de la República, las calificó como “drogadictas, degeneradas, un poco de ratas que no pueden llamarse mujeres… ligadas a niveles de prostitución” en razón de presumir que son parte de una agrupación contraria a su pensamiento.

Al respecto, la Convención Interamericana sobre Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, establece como violencia cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como en el privado, sea perpetrada o tolerada por el Estado, donde quiera que ocurra.

En esa perspectiva, en octubre de 2015, en la Sexta Conferencia de los Estados Parte de la Convención se aprobó la Declaración sobre la Violencia y el Acoso Políticos contra las mujeres, instrumento que plantea, entre otros, como un acto de exclusión la discriminación en los medios de comunicación, lo cual equivale a la utilización de la violencia simbólica como instrumento de discusión política que afecta al ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.

Es común, en sociedades como la nuestra, ver durante el proceso electoral que tanto adversarios como compañeros políticos de las mujeres, apelan a estereotipos de género para frenar el progreso de lideresas y candidatas, mediante el descrédito y control a través del acoso y la difamación, especialmente sexual.

Agresiones como las vividas atentan contra las mujeres en general y no pueden ser justificadas a nombre de ser parte del devenir político en un proceso electoral; el acoso y la violencia política violan el derecho a la vida, a la integridad, a una vida libre de violencia y a la participación.

El país cuenta con legislación ineficaz para enfrentar el acoso y la violencia política contra las mujeres, una ausente institucionalizada que prevenga, erradique, sancione y repare en el ámbito electoral, penal y administrativo, y una sociedad indiferente y cómplice. (O)

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Patricio Benalcázar Alarcón

Especialista en Derechos Humanos.

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