El debate acerca de cuánto se ha avanzado en materia de derechos e igualdad de oportunidades para las mujeres en nuestro país, a lo largo de estos últimos años, es polémico. Recientemente compareció el Gobierno ecuatoriano ante la Cedaw -Comité de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer- en Ginebra.
En este informe se destacaron los siguientes ejes: avance en el marco jurídico para la igualdad; nuevos servicios para mujeres víctimas de violencia; incremento de la participación política de mujeres; incorporación de un segmento amplio de mujeres a la seguridad social; incremento de inversión en salud. El resto fue retórica. No obstante, se difundió la versión oficial de que la delegación estatal recibió los reconocimientos por parte del Comité. Hoy lo que tenemos es un llamado de atención de Naciones Unidas para que Ecuador despenalice el aborto por violación, incesto y malformaciones fetales.
Ahora bien, desde el lado de las organizaciones, como la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, se realizó lo que se denomina un ‘informe sombra’, es decir un seguimiento de la sociedad civil hacia las acciones del Estado. En este informe se plantea como un problema la débil institucionalidad del mecanismo para el adelanto de mujeres en el país, esto es del Consejo para la Igualdad de Género, lo cual dificulta la gestión transversal en las políticas públicas. Se destaca la debilidad de la garantía constitucional del Estado laico y la ética laica, puesto que prima un disciplinamiento impuesto desde el Ejecutivo a legisladores, decisores y operados de políticas, resultando en un comportamiento en el que impera el moralismo religioso por sobre el mandato de la protección de los derechos.
También se detallan retrocesos en la vigencia de los derechos de las mujeres, en cuanto a violencia, derechos sexuales y reproductivos y maternidad gratuita. Y, sobre todo, un profundo estancamiento en torno a derechos reproductivos, pues marcos legales y políticas resultan retrógrados, misóginos y patriarcales, como el articulado referido al aborto en el Código Penal vigente y la política pública de la anterior Enipla, hoy denominado Plan Familia.
Las expectativas que las mujeres tuvimos sobre los avances en materia de derechos y su real ejercicio, en este proyecto político, fueron inmensas y quizás poco fundamentadas. Al inicio hubo algunos destellos que permitían ser optimistas al respecto, pero estos se fueron poco a poco apagando, y más aún, han ido surgiendo peligrosísimos síntomas de un retorno de sexismo, violencia simbólica, y mentalidad conservadora.
Todo esto no preocupa porque afecte las sensibilidades de las activistas mujeres o de las intelectuales feministas. Preocupa enormemente porque afecta a mujeres pobres, que habitan en sectores marginales: niñas y adolescentes que abortan en condiciones clandestinas; mujeres que mueren durante el parto; miles de adolescentes que se embarazan.
En todo proceso hay luces y sombras, pero sin duda, en referencia a las políticas para la igualdad de las mujeres, este momento predominan las sombras que oscurecen el panorama de conmemoración de una fecha de lucha para las mujeres en marzo.
